Enfrenta resistencia

A pesar de que el gobierno y los empresarios resaltan los beneficios de esta obra, no son pocas las organizaciones que advierten sobre su impacto negativo.

Argumentan que su construcción traerá devastación y privatización de los bienes naturales. Además, afirman que los empleos que se crearán serán precarios.

Es tal la resistencia al proyecto, que existe una campaña llamada El Istmo es nuestro, de organizaciones, colectivos, entes de derechos humanos, ecologistas, redes de la sociedad civil, centros de investigación, académicos, artistas, periodistas y ciudadanos, la cual acusa al gobierno de imponerlo sin tomarlos en cuenta. De igual forma, advierten que es una obra que atenta contra la naturaleza, los derechos de los pueblos y la soberanía nacional.

Por significar despojo de tierras y aguas, daños ambientales y mayor inseguridad, así como la imposición que se traduce en la violación de los derechos de los pueblos del istmo, expresamos nuestro rotundo rechazo a ese proyecto, que es, ni más ni menos, la continuación de los proyectos de muerte impulsados por los gobierno neoliberales, señala la campaña en su página de Internet.

Carlos Beas, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), asegura que el proyecto no toma en cuenta perfil, características y necesidades de la población, pues únicamente beneficiará a las grandes empresas.

En términos de la gente de la región, no consideramos que sea benéfico. Obedece a otro tipo de intereses.

Desde su punto de vista, esa obra tendrá impactos negativos en la de por sí golpeada economía regional, pero también en la cultura y el medio ambiente de la zona.

Este proyecto va a enfrentar mucha resistencia de la población, porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está operando de manera respetuosa a las comunidades. Trata de integrar a los pobladores como simples empleados y sirvientes de un proyecto trasnacional.

Juana Ramírez Villegas, dirigente de la Ucizoni, acusó que el gobierno no ha proporcionado información concreta sobre el proyecto, es decir, por dónde pasará exactamente, cuáles serán los pueblos afectados y, sobre todo, cuáles serán los beneficios y efectos negativos.

Más allá de esa información, enfatizó, la población está en contra de la obra, ya que el desarrollo de la zona debe comenzar desde abajo, con un enfoque en las comunidades. No pueden dar prioridad a la construcción de un tren, puerto o parques industriales si las comunidades siguen marginadas, sin servicios básicos, como la garantía de la salud y viviendo en la pobreza extrema.