Dora Villanueva

La portada de La Jornada la víspera de la Navidad de 1994 no dejaba lugar a duda: el país se enfilaba a una crisis económica, que a la postre resultó la más pronunciada en seis décadas. El error de diciembre, del que se cumplen 25 años, comenzó con la devaluación del peso, a la que siguió la destrucción de casi un millón de empleos y miles de familias con deudas que se dispararon por el alza en las tasas de interés.

En 1994 México ingresó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá. Ese año irrumpió en la escena pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y fue asesinado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Con vencimientos de deuda en 1995 por 29 mil millones de dólares, que multiplicaban por cinco la reserva de divisas en el Banco de México, la economía mexicana se colapsó. El milagro vendido por el gobierno del ex presidente Carlos Salinas duró un suspiró, al que siguió una crisis que cambió la estructura de la economía nacional.

El error de diciembre, las obligaciones heredadas y el posterior manejo técnico de la situación profundizaron la pobreza, ampliaron las brechas en la distribución del ingreso, del crédito; obstaculizaron la movilidad social, acompañaron la pérdida del valor salarial, dejaron el manejo financiero del país al capital extranjero y transformaron el vínculo entre funcionarios públicos y el empresariado, exponen especialistas a La Jornada.

El poder económico siempre ha estado por arriba del político en México, indica Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Pero 1994 fue definitivo en la pluralización del empresariado. Los errores financieros y políticos de Carlos Salinas de Gortari, a los que siguieron otros de corte técnico con el cambio de administración, generaron entre las cúpulas una desconfianza de la que ya no se vuelve a recuperar, ya no digamos el gobierno de Ernesto Zedillo, sino el PRI, añade en entrevista.

Hasta ese momento la hegemonía se expresaba en que los empresarios, aunque estuvieran descontentos con alguna medida o algún presidente, terminaban intentando reparar la relación con el mismo partido. A partir de Zedillo comienza un relativo pluralismo. Abiertamente está la iniciativa privada afín al viejo régimen, la que comulga con el PAN e incluso aquella que se permitió el apoyo al PRD.

Ese nuevo modelo en el que los empresarios difícilmente se van a cuadrar con el poder político se mantuvo al menos tres sexenios, hasta el inicio en diciembre del año pasado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca el investigador. Añade que el poder económico que ahora se dice colaborador y promete inversión en el discurso, no empata con los indicadores de confianza que recoge el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Quizá por la enorme fuerza con que ganó López Obrador y Morena, no se está mostrando un empresariado muy contento, pero que tampoco está protestando en voz alta (…) Más que una relación mala, es una de falta de confianza en esta administración”, explica.

Francisco Ibarra Palafox, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, recalca que los efectos de la crisis que estalló hace 25 años provocan un cambio en la estructura económica del país que corrió a la par de la extranjerización del sistema financiero. Con ello, los centros de decisión empresarial dejaron de tener su asiento en México.

La privatización (bancaria) fue un proceso deliberado para favorecer a ciertos grupos empresariales. Con ello, llegó una hiperliberalización de la economía donde el Estado delegó control sobre la salud y la alimentación. En resumen, provocó que nuestra clase política careciera de los recursos necesarios para incidir en el desarrollo social, destaca.

El investigador –cuyo trabajo se ha vertido en investigar el rescate financiero de la década de los 90- asevera que es un hecho evidente que los bancos que fueron rescatados, y que ahora tienen su matriz en el extranjero, no han financiado al sector productivo en México y los préstamos se orientan al endeudamiento de los hogares de tal manera que se ha diseñado un país de consumo a corto plazo con un crédito caro.

Desde la privatización bancaria hasta la reforma energética, algunos funcionarios públicos han migrado del sector bancario al sector petrolero con el mismo tipo de fórmula: endeudar, quebrar, extranjerizar.

El hecho parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuando se abrió la banca mexicana para que hasta 25 por ciento de su capital pudiera ser transfronterizo. La crisis propulsó la extranjerización. Para lograr el préstamo de casi 50 mil millones de dólares que se obtuvo de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones, además de poner como garantía la producción petrolera y medidas de austeridad fiscal, se abrió al 100 por ciento el sistema financiero al extranjero.

El tema es que cuando hay un préstamo, siempre el acreedor pone las condiciones, resume Arturo Huerta González, economista de la UNAM. Así, agrega, los efectos del financiamiento que pidió el gobierno del presidente Zedillo para enfrentar la crisis partieron a la privatización de la petroquímica, de ferrocarriles y la ya mencionada extranjerización de la banca. Todo lo que fueran insumos estratégicos dejaron de serlo para volverlos atractivos al capital privado.