Alejandro Alegría

De aprobarse la iniciativa presentada en el Senado para modificar la leyes Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de subcontratación laboral, las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, se verán afectadas, consideraron organismos del sector privado, los cuales piden al gobierno federal combatir a las empresas que han abusado de esa figura, porque hacen daño al país y a los trabajadores.

Raúl Maillard Barquera, presidente de la comisión laboral de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, explicó que desaparecer de tajo la subcontratación afectaría el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque los socios comerciales del país son los que más ocupan esa figura.

La subcontratación, dijo, es utilizada a diario para que las empresas se dediquen a su actividad principal y no se distraigan en la administración de la nómina, por lo que encargan a un tercero el proceso y pagan alrededor de 5 a 6 por ciento de ésta, porque resulta más barato.

Sin embargo, indicó, en México algunas empresas de outsourcing abusaron, al pagar salarios inferiores a los trabajadores, dar de alta a los empleados ante el Seguro Social con un sueldo diferente al que recibían y no pagar al fisco los impuestos reales del salario.

Consideró que la iniciativa no combate el verdadero problema, pues en toda la legislación no hay un candado contra las empresas que abusan de la subcontratación, sino es uno general.

Lorenzo Roel Hernández, presidente de la comisión laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que la iniciativa tiene un impacto negativo, porque la subcontratación ya está regulada desde 2012, con los artículos 15 A, B, C y D, y con las adiciones a la reforma que entró en vigor en mayo de este año. Además, dijo, por las sanciones que pueden enfrentar quienes utilicen la figura de manera errónea.

Destacó que la propuesta de reforma preocupa, porque va a inhibir la generación de empleo en un momento en que la situación económica no es favorable y se necesitan más puestos de trabajo.

La propuesta, opinó, no va contra la subcontratación fraudulenta y equipara esa actividad con la delincuencia, lo cual alerta al sector empleador, porque puede inhibir la generación de inversiones.