Susana González G. y Alejandro Alegría

Aun cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acepte algunos cambios que legisladores estadunidenses pretenden hacer en materia laboral y solución de controversias al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), su entrada en vigor se retrasará más, porque este país tendría que firmarlo de nuevo, así sea sólo un agregado o anexo bilateral o trilateral, y ser ratificado por el Senado, advirtió Francisco de Rosenzweig, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).

No obstante, consideró que es totalmente inaceptable que inspectores estadunidenses revisen las condiciones laborales de las empresas, porque son medidas supranacionales que no existen en ningún tratado comercial e implican que México supedite a otro país el cumplimiento de esas obligaciones, por lo que descartó que prospere esa pretensión.

Eugenio Salinas, secretario técnico del cuarto de junto del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, dijo que hay una defensa específica de no aceptar las auditorías de inspectores estadunidenses.

Aseguró que el sector privado espera noticias más precisas sobre los puntos que se negocian del T-MEC, propuestos por legisladores demócratas, a quienes, añadió, no les quedó lo suficientemente claro, exigible y preciso lo acordado en materias laboral, medioambiental y farmacéutica.

La Coparmex respaldó la posición del gobierno federal y lo exhortó a mantener firme la protección de los intereses económicos y laborales de México en el tratado. Es de suma relevancia rechazar cualquier imposición, destacó.

En contraste, José Antonio Romero, economista e investigador de El Colegio de México, consideró que el tema sólo es utilizado por el sector privado como petate de muerto para espantar al gobierno de que inspectores gringos van a venir a vigilarnos y violar la soberanía nacional, cuando en realidad los empresarios están chillando porque se les presione para aumentar el salario mínimo, se les limite en las contrataciones por outsourcing y permitan la libertad sindical.

Eugenio Salinas manifestó que también tienen que quedar claras las cuestiones de propiedad intelectual para productos biológicos.

Explicó que, dado que México carece de una legislación sobre productos biológicos, el T-MEC se convertirá en ley para proteger patentes de fármacos y biológicos, pero agregó que las modificaciones que pretende Estados Unidos para tener flexibilidad en mover los años de protección deben revisarse.