Susana González G.

Además de bancos, también casas de bolsa, corredores o brokers e instituciones financieras que participan en la intermediación del mercado de bonos gubernamentales fueron investigados por posible colusión al manipular precios y restringir oferta, aseguró Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

La indagatoria concluyó después de casi tres años y ayer la Cofece comenzó un procedimiento en forma de juicio contra ciertas empresas, cuyo número, tipo y nombre no reveló el funcionario, porque esa información está reservada por ley.

–¿Los emplazados son sólo bancos? –se le preguntó.

–No puedo entrar en detalles –dijo el funcionario.

Los bonos gubernamentales, explicó, incluyen tanto los Certificados de la Tesorería de la Federación como los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal y los de desarrollo del gobierno federal denominados en Unidades de Inversión.

En 2018, más de 2 billones de pesos en bonos

El mercado investigado por la Cofece es relevante, porque son instrumentos que utiliza el gobierno federal para financiar inversiones públicas o liquidar o refinanciar la deuda que tiene contratada, ponderó Sergio López en entrevista.

Sólo en 2018, aseveró, las subastas primarias de bonos gubernamentales rebasaron 2 billones de pesos. Incluso, añadió, los valores emitidos por el gobierno mexicano para financiar el gasto público pueden representar hasta la tercera parte del producto interno bruto (PIB) del país.

Cuando la Cofece empezó la indagatoria, calculó que el volumen de los bonos gubernamentales negociados ascendía a 100 mil millones de pesos diarios, así que de corroborarse que empresas o particulares hicieron acuerdos para manipular sus precios y oferta el daño al erario y a los inversionistas podría ser grave.

El periodo bajo la lupa

La investigación se inició de oficio, es decir, sin denuncia de un tercero, en octubre de 2016, a partir de que el organismo antimonopolios contaba con información que indicaba actos que podían haber sido violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

El periodo investigado es de 2006 a 2016, y la pesquisa terminó apenas en junio de 2019, es decir, dos años y ocho meses después, precisó Sergio López.

La Autoridad Investigadora concluyó que en algunos lapsos de la década indagada ciertas empresas pudieron estar violando la LFCE a través de dos conductas: manipulación de precios de esos valores de deuda o bien por lo que llamamos restricción de oferta, es decir, que hayan establecido condiciones para no vender o adquirir ciertos bonos, apuntó.

Desde la mañana de ayer, la Cofece confirmó que ya notificó y emplazó a las empresas probablemente responsables de haber incurrido en colusión o prácticas monopólicas absolutas, al establecer arreglos para manipular el precio de los bonos y obligaciones para no comprarlos o venderlos.

Con ello se inició en su contra un procedimiento administrativo en forma de juicio contra los presuntos responsables, quienes tendrán hasta 45 días hábiles para presentar pruebas y argumentos en su favor contra dicha acusación, puntualizó el titular de la Autoridad Investigadora.

El proceso puede alargarse más de un año, comentó, hasta que el pleno de la Cofece determine si desecha el caso o se corrobora que los emplazados violaron la ley.