Susana González G.

Por tener tierras de riego y no de temporal, es decir, que utilizan agua exclusivamente de las lluvias, miles de pequeños y medianos productores de maíz, sobre todo de los estados del norte, quedarán excluidos del programa de precios de garantía a cargo del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), denunció Serapio Vargas Ramírez, presidente de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa (UARS).

Se está dejando fuera a una gran cantidad de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, sostuvo. Además, advirtió que quedarán doblemente a la deriva por el recorte de casi 100 por ciento en el presupuesto para 2020 que el gobierno federal pretende aplicar a diversos programas de apoyo que han existido tradicionalmente en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), como el de comercialización.

Estamos peor que nunca porque de 6 mil 700 millones de pesos que se autorizaron en 2019 para la agricultura comercial de productores de cinco o más hectáreas, en el proyecto de presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador para 2020 se establecen cero pesos con cero centavos, indicó.

Acusó que la política del mandatario federal no es sólo para atender primero a los pobres, sino sólo y únicamente a los pobres, porque deja de lado a muchos productores que han trabajado para elevar la productividad y competitividad de los cultivos.

La inconformidad y el temor por el panorama que se avecina no es exclusiva de los productores de Sinaloa, sino también de estados del norte y el centro del país, por lo que varias organizaciones se están preparando para viajar en caravana a la Ciudad de México en los primeros días de octubre y plantarse en la Cámara de Diputados para exigir que no se apliquen tantos recortes en el presupuesto para el campo.

Serapio Vargas comentó que aunque muchos pequeños productores de México cuentan con cinco hectáreas o menos, uno de los requisitos establecidos por Segalmex en el programa de precios de garantía, no pueden convertirse en beneficiarios del mismo porque sus tierras son de riego y no de temporal.

Con esas condiciones el programa queda limitado a los campesinos del sureste aun cuando la mayoría son de de autoconsumo, abundó el dirigente de la UARS.

En nuestra opinión, el programa de precios de garantía debería, por lo menos, incluir al sector social, porque así como está considerado sólo se dirige a productores demasiado pequeños que, por lo mismo, ni siquiera venden su maíz, señaló Serapio Vargas.

Agregó que por la gran variedad y colores de maíz nativo que hay en los estados del sureste, los productores llegan a venderlo más caro que el blanco, hasta siete u ocho pesos por kilo, es decir, logran 7 mil o 8 mil pesos por tonelada, un monto superior a los 5 mil 610 pesos que el gobierno federal fijó como precio de garantía para entregarles directamente a los productores. Así que el pago les puede resultar insuficiente.

Con las decisiones gubernamentales, dijo, se están produciendo dos extremos, porque a la gente que no produce maíz para vender se le está apoyando con 5 mil 610 pesos por tonelada, pero a la que sí produce el grano para vender no se le dará ni un centavo, con lo que nos alejamos de una política que logre la autosuficiencia alimentaria.