Dora Villanueva

La opacidad de estados y municipios para informar sobre sus niveles de deuda y poner en regla sus estados financieros, así como los deficientes controles internos y la falta de planeación, continúan presionando la liquidez –recursos con los que cuentan a corto plazo– para operar esas demarcaciones, advierte un reporte de Moody’s.

En el documento, la calificadora expone que si bien la implementación de las normas de contabilidad gubernamental y desde 2016 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ha reflejado una mejora en el desempeño de los gobiernos regionales, se mantienen las inconsistencias en la divulgación de información como un riesgo, en el manejo de recursos etiquetados y en el reporte de pasivos.

Los requerimientos de contabilidad y transparencia de la deuda estatal y municipal se fortalecieron (a partir de 2016) Sin embargo, las auditorías federales recientes revelan que no todos están cumpliendo las nuevas reglas, especialmente las relacionadas con la deuda de corto plazo, la cual es más riesgosa, advirtió.

Los resultados publicados en junio por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan que algunos estados y municipios no están reportando toda la deuda de corto plazo y hay disparidades sobre la de largo que se consigna en los estados financieros y la que tiene registrada la Secretaría de Hacienda.

Esa falta de consistencia complica los esfuerzos para calcular el monto total de la deuda, el costo del servicio de la deuda y los riesgos de liquidez, señaló.

Por ejemplo, la ASF encontró que Michoacán no reportó nueve préstamos de corto plazo por 6 mil 482 millones de pesos y no pudo comprobar el uso de los recursos obtenidos de los créditos de corto plazo por 10 mil 227 millones. Adicionalmente, la auditoría encontró diferencias por 3 mil 589 millones entre la deuda de largo plazo reportada en los estados financieros de la entidad y la informada en el registro de deuda.

En el caso de Baja California, se reportó una deuda de 11 mil 846 millones. Esto, en 12 mil 648 millones que se auditaron. El estado de México informó de deuda de largo plazo por 38 mil 300 millones, en los 39 mil 200 millones que le fueron revisados. La Ciudad de México reportó una disparidad de 2 mil 630 millones entre sus estados financieros y el registro público de deuda.

Adicional a ello, no hay reporte de pasivos, entre los que se enlistan impuestos por pagar al gobierno central o contribuciones por cubrir a los sistemas de pensiones federales, lo que puede crear presiones de liquidez inesperadas, apunta Moody’s, dado que el gobierno federal puede descontar dicho monto de participaciones (no etiquetados) para cubrir faltantes.

Entre los recursos etiquetados sigue habiendo un porcentaje de 13.5 por ciento del que no se sabe cómo se ejecutó. Quince estados caen por debajo del índice promedio de ejecución de ingresos etiquetados.