Dora Villanueva

La Secretaría de Hacienda difundió cambios en la regulación de las leyes del Mercado de Valores y de la de Fondos de Inversión, con lo que se plantean atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi) en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como la participación de las tecnologías financieras en estos ámbitos.

Rubricadas aún por Carlos Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda, las disposiciones refuerzan las medidas de identificación para quienes participen en el sector bursátil con énfasis en las personas expuestas políticamente; con ello, la dependencia completa algunas recomendaciones que se hicieron al sistema financiero en el Informe de evaluación mutua publicado el 3 de enero de 2018.

En dicho contexto se prohíbe a las casas de bolsa y a las sociedades de fondos de inversión realizar medidas simplificadas de identificación de sus clientes o usuarios, así como dar seguimiento a los recursos que se presuma que pudieran estar relacionados con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Atiende exhortos del Gafi

Entre las recomendaciones que subrayó el Gafi en su informe de 2018 está que las medidas para reconocer a personas expuestas políticamente eran insuficientes. Esta figura se refiere a ex funcionarios públicos, que debido a su posición e influencia, pueden ser utilizadas para la comisión de lavado de activos y los delitos relacionados, entre ellos la corrupción y el soborno.

Así, Hacienda obliga a las instituciones financieras a identificar si sus clientes o usuarios tienen el carácter de personas políticamente expuestas, ya sea nacionales o extranjeros.

En cuanto a las transferencias electrónicas deben identificar a los clientes o usuarios, con “independencia del monto de las operaciones, así como a los beneficiario de éstas.

En la integración, conservación, mantenimiento, verificación de datos, información y documentos, resulta necesario reconocer la posibilidad legal de que las casas de bolsa (y fondos de inversión) puedan cumplir con sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de los medios electrónicos, sostiene.