Petróleos Mexicanos (Pemex) tendría una reducción de su carga fiscal por el equivalente a 7 mil 300 millones de dólares entre 2020 y 2021, como parte de las medidas del gobierno para apuntalar a la petrolera, de acuerdo con un documento interno al que la agencia Bloomberg tuvo acceso.

La rebaja fiscal provendría principalmente de la reducción del derecho por utilidad compartida (DUC), que representa 85 por ciento de la carga directa por producción de petróleo, y que sería reducida desde 65 por ciento actual a 58 por ciento en 2020 y a 54 por ciento en 2021.

Se espera que los recortes graduales remplacen una propuesta anterior de la Secretaría de Hacienda para transferir 7 mil millones de dólares a Pemex del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros.

Según el documento, el gobierno enviará al Congreso el 8 de septiembre –cuando inicia el próximo periodo ordinario de sesiones– la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos junto con el proyecto de presupuesto para 2020.

La modificación se hará de manera gradual a lo largo de los próximos años, para no generar desequilibrios fiscales para el gobierno, dice el texto enviado por la oficina del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza a Bloomberg.

Pemex está bajo la lupa de las calificadoras de riesgo, debido a su deuda financiera de 106 mil 500 millones de dólares y su recurrente flujo de caja negativo, lo que podría llevarla a perder su grado de inversión.

Sanción por sobreexplotar pozo

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sancionó a Pemex Exploración y Producción con 24 millones 180 mil pesos por ejecutar actividades que incumplen con lo aprobado en el plan de desarrollo para la extracción en el campo Xanab, localizado en el litoral de Tabasco.

En su plan de desarrollo sobre Xanab, Pemex determinó un nivel de producción, el cual fue aprobado por la CNH, pero la sobrepasó.

La CNH inició una investigación al respecto desde febrero y Pemex no presentó las pruebas necesarias al respecto, señaló el organismo y enfatizó que la multa deriva de la atribución que tiene para procurar una adecuada explotación de los yacimientos, que permita alcanzar, entre otros objetivos, elevar el factor de recuperación y maximizar el valor de los hidrocarburos a largo plazo.

Pemex puede impugnar dicha resolución mediante un amparo indirecto.