Dora Villanueva

México está entre los cinco países de América Latina que tienen la mayor proporción de trabajadoras ocupadas en sectores de baja productividad y que no están afiliadas a un sistema de seguridad social, siendo el caso de 94 de cada 100. Es la nación de la zona con la mayor brecha en el monto de las pensiones que reciben hombres y mujeres, al separar 42 por ciento en favor de ellos, expone un nuevo reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La institución admite que si bien ha habido en la región un avance para garantizar una pensión con los esquemas no contributivos –como para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en México, en la que se da mil 275 pesos mensuales a los beneficiarios–, estas son las prestaciones de menor monto y no permiten a las mujeres superar la situación de pobreza.

La Cepal afirma, en un documento sobre acceso y trato a las mujeres en los sistemas pensionarios, que entre los distintos retos que enfrentan los países de América Latina y el Caribe destacan los cambios demográficos, en particular el envejecimiento y la feminización de la población adulta mayor; el imperio de mercados laborales que se caracterizan por la informalidad y la precariedad; las economías dependientes del ciclo que no alcanzan a solventar los problemas de financiamiento, y las políticas públicas y normativas que se construyen sobre sesgos de género.

Si bien entre los países estudiados México se coloca en los primeros cinco donde hay menos cobertura de seguridad social para sus ujeres trabajadoras, cuatro de cada 10, sólo detrás de Honduras, Bolivia, Paraguay y Perú, se acentúa el problema conforme más jóvenes son. Entre 20 y 24 años la proporción se reduce a tres de cada 10.

México también está entre los cinco países que menos incorporan a sus trabajadoras domésticas al sector formal, pues no alcanza ni a 2 por ciento de ese sector.

El tema no es nuevo. En el país hay 2.3 millones de personas que realizan trabajo doméstico. Nueve de cada 10 son mujeres, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Pero el peso de la labor doméstica en el trabajo femenino expone que una de cada 10 mujeres de la población económicamente activa lo hacen en ese sector y de ellas 70 por ciento gana dos o menos salarios mínimos por 5 días de labor y sin acceso a prestación alguna.

La Cepal expone que si bien algunas economías incorporan a las trabajadoras domésticas al seguro social público, lo hacen bajo un régimen especial, en el que no existe la obligación legal del empleador, como en el caso de México.

En dichas naciones, donde la afiliación es voluntaria, se observan tasas más bajas de aportaciones a los sistemas de seguridad social (El Salvador, Honduras y México).

En diciembre pasado la Suprema Corte resolvió que no hay razón por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social”.