Seremos la punta de lanza de una nueva cultura basada en la austeridad, la transparencia y la ética

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron su primer convenio de colaboración para generar investigación y estrategias de prevención en materia de corrupción.

En particular, el vínculo entre el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la SHCP, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, tiene la finalidad de colaborar en el diseño e implementación de herramientas de análisis que contribuyan a identificar problemas en el desempeño institucional vinculados a la corrupción, así como la definición de estrategias y mejores prácticas para prevenirlos.

También se prevé realizar investigaciones y estudios jurídicos de manera coordinada, así como la celebración de ciclos de conferencias, coloquios, seminarios, simposios, talleres, cursos, y diplomados, explicó Hacienda en un comunicado.

Ricardo Rodríguez Vargas, director general del SAE, declaró durante la firma del convenio que en dicha dependencia buscan ser los pioneros en la lucha contra la corrupción y que este ejemplo se repita en el resto de la administración pública federal: que este acuerdo sea la punta de lanza de una nueva cultura basada en la austeridad, la transparencia y la ética, y por ello la importancia de colaborar con las instituciones académicas en la lucha contra ese ilícito.

Por su parte, Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ de la UNAM, consideró que el combate a la corrupción es una prioridad para el país, por lo que una de las iniciativas principales de la institución académica es el Observatorio de la Corrupción e Impunidad.

Con el observatorio hemos podido diseñar una metodología para contar con estudios objetivos, que nos permitan hacer diagnósticos sobre fenómenos relacionados con la corrupción y poder así enfrentarlos con una visión completa, haciéndonos cargo de toda su complejidad (...) En ese sentido, contribuiremos a esta política de combate a la corrupción, de austeridad republicana y de fortalecimiento del estado de derecho. Es nuestra responsabilidad institucional y la asumimos con absoluto compromiso y con toda la seriedad que merece, externó el académico.