Miriam Posada García

Las pérdidas, por $92 mil millones entre 2014 y 2017, indica la Canacar

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) señaló que entre 2014 y 2017 el robo al autotransporte de mercancías aumentó 117 por ciento, lo que se reflejó en pérdidas por unos 92 mil millones de pesos.

El presidente de la Canacar, Enrique González Muñoz, señaló que estos son niveles insostenibles de inseguridad, y destacó que los tramos más peligrosos para los transportistas son, al igual que en el caso del ferrocarril, el México-Veracruz, seguido del que conecta Puebla y Córdoba.

Resaltó que también hay un alto índice delictivo en el estado de México, Michoacán y Tlaxcala, tramos que han sido denunciados de forma constante a las autoridades.

El empresario afirmó que los niveles de inseguridad han causado daños no sólo económicos por las pérdidas de mercancías y unidades, sino también por el incremento de costos y el encarecimiento de pólizas de seguros.

González Muñoz señaló que el aumento del robo al autotransporte de carga ha llegado a niveles insostenibles, ocasionando un impacto en la competitividad nacional.

El robo en carreteras afecta a todas las regiones, y sin una estrategia para frenar la inseguridad pública, no sólo dañará a nuestro sector sino a todo el país.

Por separado, Refugio Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), señaló que el tramo de la carretera México-Veracruz, es el de mayor riesgo, seguido del que conecta Puebla y Córdoba, y dijo que no es de menor riesgo transitar por vialidades y autopistas del estado de México, Michoacán y Tlaxcala, donde hay altos índices de inseguridad.

Destacó que es necesaria una política pública en seguridad patrimonial, que debe considerar los aspectos que vulneran el problema a atender y las acciones contundentes que habrán de tomarse para resolverlo, garantizando la continuidad de los negocios y las personas, y puntualizó que cualquier estrategia contra la inseguridad debe ser integral y contar con la participación de gobierno, usuarios y proveedores del servicio del transporte.