Susana González G.

Por su número, asaltos, extorsiones y secuestros contra pequeños empresarios, pero también contra sus trabajadores, hacen prever que el último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto será peor en inseguridad que 2017. Incluso, mayor a la correspondiente al sexenio de Felipe Calderón, expresó Alejandro Salcedo, dirigente de la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas (Alampyme).

En 2016, 6 por ciento de 16 mil afiliados a la Alampyme en México fue víctima de algún delito. Pero la cifra subió a 8 por ciento en 2017 y se vislumbra un nuevo incremento en 2018.

Los secuestros de los integrantes de la organización subieron de siete casos en 2016 a 24 en 2017. Creemos que este año vamos a romper récord, abundó Salcedo. Las cifras, aclaró, sólo se refieren a delitos denunciados ante la organización o autoridades, porque la mayoría de los afectados ni siquiera habla de ellos o no levanta acta ante el Ministerio Público, porque agentes o policías terminan de convencerlos de que no lo hagan, al advertirles que puede ser contraproducente o más peligroso.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), aseguró que el abasto de mercancías a misceláneas y pequeñas tiendas de abarrotes comienza a verse afectado por los asaltos en carreteras, además de generar encarecimiento de precios en algunas comunidades.

La inseguridad es el principal problema que enfrentan los comerciantes minoristas, por encima de la situación económica. Este año, 29 por ciento de asociados de la Anpec ha sido víctima de asalto a mano armada en sus negocios. Seis de cada 10 dueños de misceláneas o tiendas de abarrotes consideran que la seguridad pública en general y en carreteras en particular es fundamental para garantizar el abasto de productos básicos a la población.

Salcedo detalló que el ilícito más frecuente es el robo de nómina, tanto a empresarios como a grupos de trabajadores que son cazados por delincuentes el día de pago. Alertó que los delincuentes también se han introducido en empresas camuflados de funcionarios o inspectores de dependencias gubernamentales.

Las extorsiones o el llamado derecho de piso, enfatizó, se disparó 20 por ciento este año, con cobros mensuales que van de mil 500 pesos a pequeños comercios, como misceláneas, panaderías y ahora ferreterías y tlapalerías, a 10 mil pesos a restaurantes o taquerías ubicados en los corredores comerciales de las colonias Roma, Polanco y Condesa, en Ciudad de México.