Susana González G.

El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) incorporó en su reciente modernización un polémico capítulo sobre la protección de las inversiones, que garantiza a las grandes empresas los derechos de demandar a los gobiernos cuando estos adopten medidas en pro del interés general, denunciaron el Transnational Institute (TNI) y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (Omal).

México, destacaron, es el séptimo país más demandado, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y ha sido obligado a pagar 246 millones de dólares en indemnizaciones.

Un tratado con las condiciones previstas en estos momentos desencadenará casi con toda seguridad una nueva oleada de demandas arbitrales contra México. Los inversionistas instalados en Europa son quienes han interpuesto el mayor número de denuncias contra Estados (53 por ciento), advirtió el TNI en un análisis.