Roberto González Amador

El resultado de la inflación en los primeros meses del año fue favorable, pero es prematuro concluir que el proceso de disminución ya está consolidado. El planteamiento estuvo sobre la mesa en la más reciente reunión de política monetaria que sostuvo la junta de gobierno del Banco de México (BdeM), en la que decidió mantener en 7.5 por ciento la tasa de referencia.

En la minuta del encuentro, divulgada ayer, integrantes de la junta de gobierno expresan que suavizar la actual política de precios de la gasolina, planteada por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, pudiera llevar a una mayor volatilidad.

Existe el riesgo de que en 2019, derivado del cambio de administración, se podrían observar cambios en la política de determinación de tarifas autorizadas por el gobierno como, por ejemplo, una posible modificación en la política de suavizamiento de los precios de las gasolinas, que pudiera llevar a una mayor volatilidad y a una estacionalidad distinta de la inflación, expresó uno de los miembros de la junta de gobierno del banco central, según recoge la minuta.

Precio congelado

Desde que el precio de la gasolina fue liberalizado al inicio del año pasado, la Secretaría de Hacienda determina periódicamente el impuesto especial sobre producción y servicios a este combustible, con el fin de evitar movimientos bruscos en el precio, que está definido por la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio y el costo de traslado de los centros de producción a los de consumo.

El candidato López Obrador propuso, como parte de sus ofertas de campaña, congelar el precio de la gasolina por tres años.

La mayoría de los integrantes de la junta de gobierno consideró que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza, en un entorno con un alto grado de incertidumbre, según la minuta, que da cuenta de la reunión de hace dos semanas.

Para uno de los miembros de la junta, el balance de riesgos para la inflación es incierto. La mayoría estuvo de acuerdo en la posibilidad de que se registre una depreciación del peso en respuesta a elementos como una evolución desfavorable de negociación del Tratado de Libre Comercio, aunque esta posibilidad se ha reducido; condiciones más restrictivas en los mercados financieros internacionales; y volatilidad asociada al proceso electoral de 2018 o la relacionada –si la hay—con el proceso poselectoral.