Susana González y Óscar Alegría

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTTP por sus siglas en inglés) fue aprobado por el Senado sin que el gobierno federal haya respondido a los cuestionamientos que desde hace dos años presentaron relatores de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la participación, consulta y consentimiento sobre el tratado a la población y, en particular, de los pueblos indígenas, y si los capítulos de solución de controversias y de propiedad intelectual son compatibles con las garantías individuales, señaló la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos México mejor sin TLC.

La convergencia, que aglutina a 200 organizaciones sindicales, laborales, sociales, de derechos humanos y académicos, ha insistido que los tratados comerciales restan soberanía al país y no se han traducido en mejoras económicas para los mexicanos.

En cambio, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró la ratificación del nuevo tratado al asegurar que servirá para impulsar la apertura comercial de México y su integración a los mercados globales, pero también pidió la implementación de las recomendaciones para proteger a los sectores más sensibles, como las industrias de calzado, vestido y textil.

No profundizó cómo se ayudará a esos sectores y sólo mencionó que espera que el Senado adopte las recomendaciones para generar políticas públicas en las que participen los sectores privado y público para combatir a la ilegalidad.

Con la ratificación del CPTTP, la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea y México y la modernización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el organismo cúpula del sector privado dijo que México refrenda su compromiso de mantener una economía abierta

Convergencia detalló que desde abril de 2016, los relatores especiales de Naciones Unidas solicitaron a los gobiernos integrantes del acuerdo que explicaran cómo los procesos de la elaboración, negociación y firma del tratado son compatibles con las normas internacionales relativas al derecho de toda persona a participar en los asuntos públicos, y a los derechos de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas.

Pidieron que aclararan si el mecanismo de solución de controversias resultaba compatible con el derecho internacional en materia de derechos humanos y que se informara cómo se garantizará que no sean afectados.