Israel Rodríguez

El nuevo gobierno, que iniciará su administración a finales de 2018, deberá buscar mecanismos para revertir la tendencia constante y decreciente de la inversión pública, la cual ha ido a la baja, con el fin de mantener un equilibrio en las finanzas públicas, afirmó el Grupo Financiero BBVA-Bancomer.

Consideró positiva la mejora en los balances públicos y los esfuerzos por mantener la disciplina fiscal para continuar con la trayectoria descendente de la deuda pública. Sin embargo, dicha disciplina deberá conservarse en el futuro, manteniendo el objetivo de superávit primario cada año para evitar repetir el incremento de 12.4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) en la deuda pública entre 2012 y 2016.

En su Análisis Macroeconómico, denominado Paquete fiscal 2018: el gobierno propone un esfuerzo de consolidación fiscal de 0.5 por ciento del PIB, elaborado por los especialistas Javier Amador, Javier Morales, Carlos Serrano y Mariana A. Torán, señala que hacia delante, además de ello será necesario buscar mecanismos para que los esfuerzos de reducción del gasto no provengan de la reducción consistente del gasto en inversión pública, a fin de mantener el equilibrio fiscal, pero contribuyendo al crecimiento de la actividad económica.

Los analistas comentaron que el presupuesto de 2018 no tiene sorpresas y el gobierno mantiene el compromiso con la consolidación fiscal y reducción de la deuda pública como porcentaje de PIB.

Consideramos alcanzable la meta de crecimiento real de los ingresos presupuestales, principalmente porque en los años recientes los ingresos observados al cierre del ejercicio fiscal, aún sin incluir ingresos extraordinarios, han superado a los aprobados en el presupuesto.

Sin embargo, dada la recurrencia de estos resultados, sería conveniente contar con mecanismos más transparentes para asignar los ingresos excedentes (por encima de los presupuestados), a fin de que una mayor proporción se destine a mejorar los balances fiscales y no a financiar gastos por encima de lo presupuestado al inicio del año.

Al igual que en 2017, las principales presiones de gasto provienen del costo financiero de la deuda pública y el pago de pensiones y jubilaciones.

Insistieron en que sería conveniente considerar medidas para contener la expansión del gasto en participaciones a estados y municipios y estrategias para lograr la recuperación de la inversión pública, a fin de no comprometer el potencial de crecimiento de la economía.