José María Carmona

Un aspecto fundamental en el proceso de la política pública, es el de la formulación de la agenda de gobierno.

Es necesario considerar que los problemas que atiende el gobierno tienen distinto nivel de importancia, por lo tanto, no todos los problemas constituyen asuntos públicos, y por supuesto no todas las cuestiones públicas pueden entrar en la “agenda” de gobierno.

La agenda de gobierno, a decir de Aguilar Villanueva refleja el grado de vitalidad o dinamismo de la actividad pública dentro del sistema político y su formulación muestra el nivel de salud o enfermedad de la vida pública. Luis Aguilar define a la agenda de gobierno como el “conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que actuar”.

La atención, definición y tratabilidad del problema son esenciales para determinar si es un asunto factible de incluirlo en la agenda. “Formación de la agenda, es el proceso mediante el cual las demandas de varios grupos de la sociedad o parte de ella  se transforman en asuntos que compiten por alcanzar la atención sería de las autoridades públicas”.

La definición de los problemas públicos.

La definición de los problemas públicos tiene dos aristas. Por un lado, para lograr el consenso, se tiene que edificar y estructurar una definición que supere los obstáculos de la polémica, para que sea aceptada; por el otro, debe contar con los elementos para su operatividad y que la intervención pública sea viable en función de los instrumentos y recursos que tiene asignados, para  la respuesta a la cuestión.

“Los “problemas” tienen una naturaleza cognoscitiva más que vital o valorativa, son construcciones lógicas, que articulan, ordenan, los datos y elementos que la tensión entre la factualidad y el deseo liberó y los reúnen en una definición”.

“Estructurar bien un problema es entonces producir tal definición del hecho calificado como problema, que pueda volverse el sujeto o el objeto de un enunciado causal. El estado de la cuestión no cambia porque el gobierno, ante la incertidumbre causal de su actuar, concierte de manera inteligente la definición del problema con los demandantes o los afectados, para compartir riesgos y responsabilidades en su actuación. En muchas circunstancias los gobiernos deberán actuar por razones morales, jurídicas, políticas operando con débiles razones cognoscitivas” (Aguilar)

Aguilar Villanueva concibe al proceso de la política pública como un constructo mental que permite modelar, ordenar, explicar y prescribir una política. Compuesto por varias etapas, las cuales varían de acuerdo con el autor que se tome como referencia.

El proceso de la formación de la agenda de gobierno es complejo porque todos los diferentes sectores de la sociedad a través de los grupos sociales pretenden que sus problemas o demandas sean considerados por parte de la autoridad pública para dar una respuesta favorable.

En este proceso los intereses de los grupos sociales entran en un estado conflictivo  porque tanto el gobierno por una parte tiene que definir cuáles de todas las demandas planteadas por los grupos de interés que constituyen o no en un problema de carácter público, es decir del interés común.

Como ya se apuntó, en el proceso de la formación de la agenda de gobierno es de carácter conflictivo porque el gobierno tiene que atender diversos asuntos: salud, educación, aspectos sociales, economía, seguridad pública, empleo  entre otros más, y los grupos fácticos también presionan  para que su demanda  no solo sean tomadas en cuenta sino someter las capacidades gubernamentales a sus fines, en algo que se define como la captura del poder público o gubernamental.

De esta manera los diversos sectores de la sociedad presionan al poder gubernamental para poder colocar en la agenda sus problemas por una parte y por la otra el gobierno tiene que recurrir a todos los recursos científicos, técnicos, financieros, materiales, humanos  y jurídicos en el proceso de la definición y limitación de lo que es un problema público para poder dar una respuesta con eficiencia y eficacia y de esta forma satisfacer las demandas de los diversos grupos sociales en una dinámica de interacción entre el gobierno y la sociedad. Un trabajo muy complicado de llevar a cabo porque el gobierno siempre cuenta con recursos, sobre todo financieros, limitados para dar respuesta primero a todas las demandas y en segundo término a los asuntos públicos que entran en la agenda de gobierno y que son de mandato jurídico,  deben de tener  la mejor solución para garantizar la aprobación de los ciudadanos para mejores condiciones de vida y convivencia social.