José María Carmona

 Una vez más las organizaciones de la sociedad civil, ganaron una histórica batalla por transparentar todos los actos gubernamentales a todos los niveles y preservar el derecho de los ciudadanos a la información y como son ejecutadas las decisiones de los gobiernos. Como los servidores públicos llevan a cabo el proceso de la implementación de las políticas públicas.

En este caso en lo referente a la política tributaria que consiste en cómo se cobran y se pagan los impuestos.

En este sentido la organización de la sociedad civil Fundar es un ejemplo de una batalla difícil para combatir la opacidad y por lo consecuente la corrupción en un país donde existen vasos comunicantes entre el poder económico-financiero y el político, donde también el poder presidencial es ejecutado de manera discrecional y los grupos financieros, así como políticos, artistas, gobiernos estatales y las mismas empresas productivas del Estado fueran perdonadas por las autoridades fiscales del país. 

Tras 4 años de litigio, este lunes 30 de septiembre de 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a Fundar, Centro de Análisis e Investigación la información sobre las personas físicas y empresas a quienes se les perdonaron adeudos fiscales en el periodo del 1 enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

La información entregada por el SAT involucra a 7 mil 885 personas y empresas que en total recibieron beneficios por 172 mil 335 millones de pesos; y casi la cuarta parte (24%) de los recursos se concentran en sólo 10 beneficiarios. Sin embargo, este monto no considera los datos referentes a 201 contribuyentes que presentaron un amparo para impedir que su información fuera revelada y cuyo juicio sigue en curso.

Si sumáramos los impuestos que dejaron de pagar quienes presentaron un amparo y que sólo representan 2.4% del total de beneficiarios, el monto de lo condonado asciende a 274 mil millones de pesos; lo que significa que este pequeño grupo de contribuyentes acumula 37% de todos los recursos que el Estado dejó de percibir.

La información fue entregada en cumplimiento de la sentencia 191/2016 dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. En dicha sentencia, el Juez ordenó al SAT cumplir con la resolución RDA 5354/15 dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En esta resolución, el INAI ordenó entregar a Fundar la información sobre los contribuyentes que recibieron condonaciones y cancelaciones de impuestos y otros créditos fiscales en el periodo 2007 – 2015.

Además de informar sobre las condonaciones, el SAT entregó datos sobre las cancelaciones de créditos fiscales, una figura que es utilizada para depurar la cartera del SAT. En el periodo 2007-2015 se cancelaron 572 mil 743 millones de pesos. De este monto, el 10% de los contribuyentes (2,170) concentraron el 80.25 % (459 mil 636 millones de pesos).

En cualquier país que se precie de ser democrático, el pueblo tiene el derecho a conocer la actuación de todas las autoridades. Hasta el día de hoy, ese derecho le había sido negado a la sociedad mexicana de forma sistemática. La información publicada hoy es el resultado de más de cuatro años de litigio estratégico, y se entrega después de haber utilizado todos los medios institucionales a nuestro alcance con la firme convicción de que aporta información clave  sobre una de las áreas menos conocidas de la actuación del Estado mexicano, agrego Fundar,  y resulta fundamental como una mirada a la forma en que se recaudan los impuestos en México y de quiénes se han beneficiado históricamente de privilegios fiscales en México. Esto representa un paso más a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país y se espera que  sea información que abra la discusión pública sobre los privilegios del sistema fiscal mexicano para unos cuantos, en perjuicio de millones de personas.

Ahora queda al desnudo la necesidad de llegar una nueva reforma fiscal que constituye un pacto político para sostener los gastos del estado mexicano y al mismo tiempo que ganan más en una economía del mercado, paguen más y combatir a fondo la evasión fiscal.

Por lo pronto Felipe Calderón y Peña Nieto tienen que ser llamados a cuentas por los “perdones fiscales” en beneficio de unos cuantos, mientras con la mayoría de la población del país se encuentra en la pobreza por un insulto nacional.