José María Carmona

Tan solo pasaron algunos días después de la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad por parte de López Obrador, cuando se empezó a recibir las críticas al mismo, producto de que la estrategia para resolver el problema de la seguridad que ha violentado a miles de ciudadanos en el país; entre muertos y desaparecidos.

Y es que el plan propuesto contienen los mismos elementos de la estrategia instrumentada por el gobierno tanto de Felipe Calderón como de Peña Nieto, lo que significa que el eje fundamental es el ejército y la marina, pero ahora disfrazada de policía militar, lo que significa nada más la misma “gata  pero ahora revolcada”.

López Obrador no puede engañar a los ciudadanos, particularmente a los que han sido víctimas de la guerra contra el narco con su plan, porque la propuesta significa no solo la militarización del país sino también su legalización mediante la creación de la Guardia Nacional.

Organizaciones de la sociedad civil, así como intelectuales han lanzado una carta a Amlo para que detenga la reforma constitucional que legaliza la presencia de los soldados en la calle ahora disfrazados de policías bajo el mando militar.

El plan antes mencionado se contrapone radicalmente a la declaratoria de la Suprema Corte de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior que violaba los derechos humanos y las garantías individuales de los individuos.

También otro elemento  a considerar es la regulación de la mariguana propuesta por la senadora Olga Sánchez Cordero después la Suprema Corte de la Nación centrada jurisprudencia para el consumo recreativo de esta droga. La propuesta de la senadora es de carácter tibio e hipócrita y de corto alcance porque no propone la legalización de todas las drogas en el país, con su respectiva regulación.

De tal forma, de que la estrategia para combatir al crimen organizado y la violencia para alcanzar un proceso de pacificación, según López Obrador  tiene como fundamento controlar entre otras cosas de importancia a la población que esta desconcentra con la situación económica y política del país mediante la bota militar ahora legalizara mediante una reforma constitucional.

Seguramente cuando el equipo de transición de nuevo gobierno empezó a analizar los archivos de inteligencia de la seguridad nacional se dio cuenta de la situación del crimen organizado  que es más grave de lo que se pensaba y por eso López Obrador tuvo que dar un paso atrás en su propuesta de retirar al ejército y a la marina de las calles en su labor policiaca.

Pero la población civil continuara indefensa ante las acciones de las bandas del crimen organizado, mientras la Guardia Nacional propuesta será un instrumento de nuevo gobierno para golpear a los movimientos sociales aunque López Obrador diga todo lo contrario, la violación a los derechos humanos y las garantías individuales continuaran, el pueblo bueno no tiene por qué confiar en esta nueva estrategia de seguridad para combatir supuestamente la violencia y el crimen organizado.

Por otra parte las organizaciones sociales y civiles deben de tomar en cuenta la experiencia de las autodefensas y las policías comunitarias, las primeras fueron eficaces en Michoacán y derrotaron a los Caballeros Templarios y en el estado de Guerrero las policías comunitarias han podido detener al crimen organizado, aunque se diga lo contrario.

De esta manera, las organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas que se enfrentan cotidianamente a la delincuencia organizada y son víctimas de la violencia deben de tener presente otra alternativa  a la de López Obrador y su intento de militarizar al país para seguir controlando las luchas sociales que seguramente serán muchas cuando el desencanto llegue porque López Obrador no podrá cumplir con sus promesas de campaña y las condiciones de vida y de trabajo de la población empeoraran. Mientras tanto hay que sumarse a la campaña contra la creación de la Guardia Nacional y de esta manera decir no a la bota militar de AMLO.