José María Carmona

El problema de la corrupción afecta la vida económica y social del país, a tal punto que amplios sectores de la sociedad civil han demandado la creación de un mecanismo institucional para su combate, así de esta manera nació el Sistema Nacional Anticorrupción y que se replica en las entidades federativas como es el caso en Michoacán.

Aunque al nivel nacional todavía no se nombra el fiscal en la materia, tampoco para Michoacán, sin embargo en el caso de la entidad hay avances significativos como la instalación de la secretaria técnica y la entrada en funciones del Consejo Ciudadano, con lo cual se pone en marcha el combate a la corrupción en Michoacán.

Para unos sectores de la sociedad civil, analistas este nuevo instrumento deja muchas dudas mas cuando en su arquitectura institucional está conformado por representantes de instancias gubernamentales y en el órgano de las tomas de decisiones principal la participación ciudadana es minoritaria, así pues el Consejo Ciudadano solo tendrá un representante en el sistema

Otro aspecto relevante a considerar es que este órgano de combate a la corrupción seria innecesario, siempre cuando dominara la transparencia en todos los actos gubernamentales y que tienen que ver con la correcta aplicación de los recursos públicos y los procesos administrativos, al mismo tiempo que los gobernantes, representantes populares y todo funcionario público estuviera bajo la lupa de la transparencia, donde cualquier ciudadano tuviera la facilidad a ejercer el derecho a la información y sobre todo si no tuviera costo alguno por el derecho a saber que hacen los sujetos obligados a la rendición de cuentas y por lo tanto a la transparencia, porque no es suficiente con informar, a la vez hay que comprobar que el ejercicio gubernamental y publico fue correcto y que no hubo actos de corrupción entre el gobierno y los actores sociales.

Pero lo anterior no es así, y la corrupción ya tiene un costo en términos económicos de un porcentaje de dos dígitos en relación al Producto Interno Bruto del país  y afecta las actividades económicas y productivas del mismo.

Lo peor del caso es que los actos de corrupción por parte de los gobernantes y representantes populares están a la luz del día lo que provoca entre los ciudadanos indignación y repudio hacia la clase política.

A todo lo anterior, hay que agregar la impunidad de los gobernantes corruptos comenzando  por dos decenas de ex gobernadores que al final de cuentas salen exonerados y pagan una pequeña multa lo que resulta todo una burla para la ciudadanía indignada.

De esta manera, del Sistema Estatal Anticorrupción se tiene que esperar que cumpla con su función principal, la prevención de la corrupción mediante los mecanismos establecidos en la ley correspondiente sobre la materia que consisten en construir sólidos mecanismos de transparencia y obligando a todas las estancias estatales a entregar la información necesaria, de manera correcta y accesible para la total publicidad; todos los archivos de las entidades públicas, estatales y gubernamentales se tienen que abrir y poner a disposición del público en general con excepción de la reservada por razones de seguridad nacional.

Así de esta manera, el SEA tiene una tarea monumental que cumplir, mas aun cuando las instancias gubernamentales tanto estatales como municipales y otros organismos autónomos del estado están dominados por la opacidad o la falta de información clasificada.

Pero lo que tiene que quedar en claro que el SEA ante todo tendrá la función de poner a la luz pública los actos de corrupción para que la instancia judicial aplique las sanciones correspondientes a los gobernantes, servidores públicos y representantes populares. Estos son los retos del Sistema Estatal Anticorrupción, en una entidad federativa como Michoacán que vive entre la opacidad y la corrupción con los resultados ampliamente conocidos, pero ante todo de la latente corrupción.