El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue detenido ayer en su domicilio de Cuernavaca por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas lo requieren por su actuación en torno al caso de Ariadna Fernanda, asesinada en un departamento de la colonia Roma, y cuyo cuerpo fue arrojado en el municipio de Tepoztlán. Carmona presentó un dictamen forense falso en el que excluyó que la joven hubiera sufrido violencia y la revictimizó al achacar su muerte a una grave intoxicación alcohólica. Desde aquel momento, en noviembre pasado, salieron a relucir sus nexos con el presunto feminicida de Ariadna Fernanda y han brotado pruebas de sus manipulaciones para encubrir al agresor, por lo que se le imputan delitos contra la procuración y administración de justicia.

Durante horas, el funcionario se atrincheró en su residencia, desde donde convirtió su aprehensión en un espectáculo mediático e intentó presentarse como víctima de un golpe político. Sin embargo, su detención sólo puede verse como un auténtico hito en la procuración de justicia, el combate a la impunidad y la rendición de cuentas de quienes incurren en el abuso de poder.

En primera instancia, está claro que si hay un elemento político en esta trama es el nombramiento de Carmona Gándara, instalado en la fiscalía morelense (FGE) por el ex gobernador perredista Graco Ramírez para cubrirle las espaldas y frenar cualquier indagatoria sobre los múltiples señalamientos que pesan en su contra. El fiscal ha cumplido con diligencia esa labor, único éxito de su gestión marcada por el despotismo, la crueldad contra las víctimas, la obstrucción sistemática de la justicia y una indolencia que mantiene a Morelos sumido en la zozobra.

En septiembre de 2020, vinculó con el crimen organizado a ocho personas que fueron asesinadas mientras asistían a un velorio. Las familias de los fallecidos presentaron testimonios de que eran estudiantes sin relación alguna con la delincuencia, y exigieron una disculpa pública que nunca llegó. En agosto de 2021, sus escoltas detuvieron, golpearon y desnudaron a dos jóvenes que circulaban por la autopista Acapulco-México, cuya única falta consistió en intentar rebasar al convoy de autos blindados en que se desplazaba el fiscal. En noviembre de 2022, familiares de víctimas lo acusaron de encubrir a servidores públicos involucrados en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo, donde al menos hasta 2014 la entonces procuraduría general de Morelos arrojó casi 120 cadáveres, en algunos casos sin haber realizado las diligencias debidas para identificarlos, y en otros en evidente comisión de desaparición forzada, pues los cuerpos fueron inhumados sin notificar a las familias, pese a conocerse su identidad. En marzo de este año, se denunció que personal a su cargo extravió u ocultó el dictamen en el que una perito constataba los tocamientos sexuales padecidos por una niña de cuatro años a manos de su padre, quien es hijo de Marcelino Soto Camacho, ex subprocurador de investigaciones especiales de la FGE.

Cada uno de estos episodios habría ameritado su destitución y la apertura de indagatorias en su contra, pero el caso que ha marcado a su administración es el asesinato de Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero de 2019. En los casi cuatro años y medio transcurridos desde el atentado contra el comunicador e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, las investigaciones han permanecido en un absoluto estancamiento, sin avance alguno que permita disipar las sospechas de encubrimiento e incluso complicidad por parte de quienes deberían esclarecerlo.

A inicios de este mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretendió tender un manto de inmunidad en torno a Carmona Gándara a fin de sustraerlo de la acción de la justicia. Cabe esperar que quienes encabezan el Poder Judicial rectifiquen y retiren su protección a un personaje indefendible, quien a todas luces debe ser juzgado conforme a derecho para aclarar su probable participación en hechos tan graves como los reseñados. Si persiste en su afán de blindar al fiscal, la Suprema Corte enviará a todo el país una señal nefasta acerca de su ruptura absoluta con la ley y con su mandato constitucional.