Édgar Veytia, fiscal general de Nayarit entre 2013 y 2017 y actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que en 2009 Felipe Calderón ordenó proteger al grupo delictivo encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán en su enfrentamiento con la facción criminal de los hermanos Beltrán Leyva.

La declaración fue realizada por Veytia bajo juramento durante su comparecencia como testigo en el juicio que se sigue en Nueva York al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y es la primera en que se señala de manera directa al último mandatario emanado del Partido Acción Nacional por su presunta complicidad con el crimen organizado.

La mención del político michoacano en el proceso contra García Luna no es sorprendente; por el contrario, desde un inicio se consideró más una cuestión de cuándo y en qué contexto surgiría que de si tendría lugar o no.

Lo anterior es así porque el personaje juzgado gozó de una enorme cercanía y de toda la confianza de Calderón, quien lo puso al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y a pesar de las denuncias existentes en torno de sus nexos con la delincuencia, le encomendó la creación de la fallida Policía Federal y, ante todo, lo hizo el máximo operador de lo que llamaron guerra contra el narcotráfico, con la cual pretendió ganar legitimidad tras hacerse del Ejecutivo federal mediante un fraude electoral.

La guerra de García-Calderón multiplicó la violencia, sumió grandes porciones del territorio mexicano en la zozobra, aceleró a desintegración del tejido social provocada por las políticas neoliberales, criminalizó sistemáticamente a la juventud, echó a andar una espiral homicida que todavía hoy ensombrece al país, vulneró la soberanía nacional, acentuó la corrupción en los asuntos de seguridad pública y, según ha ido quedando al descubierto en Nueva York, fue una mera fachada para hacer negocios con el más poderoso de los cárteles mientras se perseguía a otros grupos.

Por lo dicho, si alguno de los muchos testimonios sobre la conducta criminal de García Luna se comprueban como ciertos, será prácticamente imposible sostener que Calderón no aprobó los actos de su superpolicía o que no estaba al tanto de ellos.

Asimismo, hay razones para suponer que las afirmaciones de Veytia no serán las únicas que confirmen las viejas sospechas sobre el involucramiento personal de su jefe en la trama de protección al cártel del Pacífico.

A reserva de lo que salga a la luz en las próximas semanas, la sola posibilidad de que un cómplice del crimen organizado haya accedido a la cumbre de la administración pública es un hecho gravísimo, cuya confirmación descalificaría por completo todo el modelo institucional que se fraguó en el neoliberalismo, modelo que no sólo no habría frenado la captura del Estado por estos personajes, sino que los impuso en el poder contra la voluntad popular expresada en las urnas.

Cabe esperar que los señalamientos de Veytia y otros emitidos en el proceso judicial a García Luna den paso a investigaciones exhaustivas a fin de esclarecer lo ocurrido en este sórdido periodo del pasado reciente.