Al comparecer ante el pleno del Senado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró a los legisladores que la construcción de la paz en el país no es asunto sólo de un gobierno, mucho menos de un partido, se trata de un asunto de Estado, una cuestión republicana en la que se define nuestro futuro como nación. La también coordinadora del gabinete de seguridad pública afirmó que este órgano colegiado tiene bien definida la línea del servicio público y ha elegido servir a México, con toda la fuerza y coordinación del Estado, bajo las órdenes de un mando civil.

El mismo formato de la comparecencia con motivo de la glosa del cuarto Informe de gobierno simbolizó esta subordinación de todas las instancias involucradas al mando civil: la secretaria Rodríguez se presentó acompañada por otros integrantes del gabinete de seguridad (como los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán, o el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio), pero sólo ella hizo uso de la palabra y se ostentó como responsable de la política de paz y seguridad pública. El mensaje es evidente: las fuerzas armadas se encargan de ejecutar una estrategia concebida y planificada por el poder civil.

En defensa de la política impulsada por el gobierno federal, la titular de la SSPC presentó cifras que hablan de una reducción insatisfactoria pero innegable y significativa en los principales indicadores delictivos, así como de avances sin precedente en la detención de presuntos criminales y en la afectación financiera al crimen organizado, que estimó en más de 674 mil millones de pesos.

Está claro que las elecciones presidenciales y legislativas de 2018 emitieron un inequívoco mandato popular para transformar a fondo los lineamientos bajo los que se condujo la lucha contra la criminalidad y la violencia en administraciones anteriores. Su cumplimiento ha significado no sólo un cambio en el enfoque del problema –en el que se transita de una narrativa de deshumanización de los delincuentes a la comprensión de que se está ante un fenómeno social con causas profundas–, sino también un cambio de métodos, es decir, una reformulación de la manera en que se contiene a la delincuencia, atendiendo a las raíces profundas del problema en vez de recurrir compulsivamente al uso de la violencia por parte del Estado.

El cambio de enfoque y de métodos va acompañado de una evolución en los objetivos: mientras el calderonismo llegó al extremo de elevar la aniquilación física de los delincuentes (reales o presuntos) a criterio de éxito de su programa, hoy se entiende que la prioridad es y debe ser la seguridad de la población, el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la ley. Como se resaltó en el tercer Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, presentado en abril pasado, la pacificación del país se persigue principalmente restando base social a la delincuencia mediante un abanico de programas sociales dirigidos de manera central a los jóvenes.

En esta óptica, debe insistirse en que, pese a todas las tergiversaciones y el ruido mediático, la conformación de la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de la Defensa es apenas uno de ocho puntos de una estrategia cuya guía ha sido desde el principio el combate a las causas de la violencia y la delincuencia.