Luego de la detención del sujeto que intentó asesinar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado primero de septiembre, los errores y las inconsistencias en la investigación policial del atentado han contribuido a incrementar el ambiente de tensión, desconfianza y deterioro en la vida política de esa nación sudamericana.

El defecto más escandaloso en el caso es la pérdida de la información del teléfono celular del único sospechoso arrestado, Fernando Andrés Sabag Montiel, quien el jueves de la semana pasada, por la noche, jaló en dos ocasiones el gatillo de una pistola semiautomática apuntada al rostro de la funcionaria a unos centímetros de distancia.

Los datos del dispositivo, fundamentales para el esclarecimiento del fallido magnicidio, desaparecieron en algún punto de la cadena de custodia, desde la sede de la Policía Federal a la que fue conducido el acusado, y cuyos agentes no tuvieron éxito en desbloquearlo, hasta el juzgado que lleva la causa.

En algún momento el sobre sellado en el que era transportado el aparato fue abierto, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la que enseguida se acudió para intentar extraer los datos del teléfono móvil, reportó haber recibido el sobre abierto y el aparato, reseteado y encendido.

Los responsables del traslado fueron los custodios de la jueza que lleva la causa, María Eugenia Capuchetti.

Por otra parte, el informe policial de que Sabag Montiel utilizó una pistola Bersa Lusber calibre 7.65 mm, cuya foto fue divulgada por los medios, a pesar de que no tenía las huellas dactilares del detenido, ha sido cuestionada por expertos que afirman que el arma que se vio en los diversos videos que captaron el momento del atentado fallido fue más bien una Bersa Thunder calibre .380 ACP, sin que hasta el momento haya podido establecerse a ciencia cierta cuál de las dos versiones es la correcta.

Un hecho parece claramente establecido: si la pistola no funcionó fue porque el que la manipulaba omitió el procedimiento necesario para montar una bala en la recámara. Y con ese antecedente, resulta ominoso, por decir lo menos, que poco después del atentado el periódico Clarín, de filiación oligárquica, haya publicado una infografía en la que explica la manera correcta de activar ese modelo de pistola.

Otro elemento oscuro del intento de asesinato es el comportamiento de los custodios de la vicepresidenta, cuya actuación ha sido señalada por varios analistas como ineficiente, en el menos peor de los casos.

Lo cierto es que la pesquisa ha sido manchada desde sus primeros pasos por contradicciones y actos equívocos que podrían ser resultado de una extremada torpeza policial o de un afán de encubrimiento y desviación de la justicia.

Debe considerarse que todo lo anterior ocurre en un entorno sumamente polarizado y con el telón de fondo de una ofensiva judicial que no va únicamente dirigida contra la vicepresidenta, sino que apunta al gobierno peronista de Alberto Fernández y de campañas de odio atizadas desde la derecha oligárquica y sus medios con un sesgo inequívocamente golpista.

En tal circunstancia, no pocas voces de la oposición han buscado presentar el fallido atentado contra Fernández de Kirchner como un montaje o un autoatentado y han minimizado la posibilidad de que sea resultado de una conjura política criminal. Los errores e inconsistencias de la investigación fortalecen la segunda de esas sospechas.