El gobierno de México aceptó la petición de Estados Unidos para reimplementar el programa Quédate en México, creado por el ex presidente Donald Trump para obligar a los migrantes que solicitan asilo a Washington a permanecer en territorio mexicano hasta que se defina su trámite en las cortes estadunidenses. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), las autoridades mexicanas accedieron con el compromiso de sus contrapartes de atender diversas preocupaciones humanitarias, como concluir los procedimientos de asilo dentro de seis meses del retorno de una persona a México; oportunidades para los participantes de tener acceso seguro y poder comunicarse con representantes legales durante sus entrevistas y audiencias en la corte; procedimientos para mejorar los principios de no devolución, y un aumento en la cantidad y calidad de información que los migrantes inscritos reciben sobre el programa.

Oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), fue suspendido por el presidente Joe Biden desde los primeros días de su administración, y ahora se retoma, no por voluntad del gobernante demócrata, sino en acatamiento a una resolución judicial emitida en agosto pasado por un juez federal con sede en Texas, quien fue nominado a su actual cargo por Trump.

Resulta evidente que el regreso de esta política trumpiana no es deseable ni para los propios solicitantes de asilo ni para México, que ya se encuentra desbordado por las recientes oleadas migratorias y no cuenta con la capacidad financiera, logística ni administrativa para atender a las necesidades de las personas que buscan ingresar a territorio estadunidense. Sin embargo, está igualmente claro que ni puede librarse a los ciudadanos extranjeros a su suerte, ni habría sido comprensivo para con la administración Biden ponerle trabas en una circunstancia que no depende de ella, sino de la sentencia de un juez conservador y de las presiones de fiscales y gobernadores del mismo signo.

También debe considerarse que este gesto de cooperación tiene lugar en el marco de un entendimiento más amplio para redefinir la política conjunta de manejo y mitigación de los flujos migratorios, en particular los provenientes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En este sentido, los encuentros bilaterales entre México y Washington han permitido avanzar en la configuración de propuestas para atender a estos flujos no de manera reactiva, sino a partir de sus causas, y la reunión AMLO-Biden del 18 de noviembre pasado incluyó el acuerdo de coinvertir para la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras.

Con todo, la prórroga a Quédate en México ha de ser necesariamente transitoria y temporal, en tanto la Casa Blanca logra revertir en tribunales la resolución que la obliga a reactivar dicho programa, o bien, mientras se diseña una política integral que le quite su razón de ser a ésa y otras medidas que apuestan por frenar a las personas en movilidad sin voltear hacia los fenómenos que los empujan a salir de sus regiones de origen.