Armenta Sevilla Noemí Alejandra.

Melgarejo Valdés Melissa Rafaela.

Para los años 70 las feministas comienzan a cuestionar la palabra género como aquello que nos identifica socialmente como personas, es por ello la importancia de cuestionar el cómo se enfoca el termino en el día a día, así como el comportamiento social respecto al mismo, el asumir el termino género como algo comprensible, apropiable e incluso mutable nos lleva a comprender la relación social entre hombre y mujer, así como la reivindicación del papel femenino.

El rol femenino históricamente ha sido adaptado de acuerdo a las necesidades actuales en los distintos momentos que se viven, la mujer desempeñaba el rol de las tareas domésticas , esto en cuestión de la cultura primitiva donde el desempeño físico era el que se asumía como importante, para la época del feudalismo siguen siendo desplazadas de una forma en que el hombre seguía asumiendo el rol de proveedor al hogar, es en época de guerra civil e industrialización cuando la mujer logra cierto grado de incorporación hacía el sistema económico pudiendo formar parte de la explotación laboral a bajo costo, hablando de la actualidad la mujer sigue viviendo la mirada de inferioridad aunque con una participación mayor en el sistema económico, formando parte de la aportación económica del hogar, sin embargo, la desigualdad que se vive en pleno siglo veintiuno repercute la realización de la mujer inclusive con el desempeño de tareas domésticas, sin importar que ya sean proveedoras económicas.

Parte de lo mencionado anteriormente afecta el desarrollo del país o estado que se esté tratando, el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) mide el nivel de logro de acuerdo a la diferencia de género; en México el promedio nacional de empoderamiento en 2012 fue de 0.472; en cuanto a salud reproductiva de 0.527, la cual incluye muerte materna y tasa de fecundidad adolescente; y la participación de la mujer en el mercado laboral fue de 0.605, si bien más de la mitad de la población ya se encuentran insertadas dentro del mercado laboral, no es suficiente en comparación con los países miembros de la OCDE.

En México tras el alza de homicidios contra mujeres cada vez mayor, es que se comienza a evidenciar la necesidad de intervención por parte del estado en materia de políticas públicas, ya que, se requieren mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia de genero.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) contiene un elemento jurídico llamado alerta de violencia de género, la cual tiene el objetivo de implementar políticas públicas para frenar la violencia feminicida y garantizar la seguridad de las mujeres, así como disminuir las desigualdades que existen en los diversos contextos sociales. El reglamento de esta Ley, en primer momento otorgaba la comprobación de los hechos a las instituciones civiles que lo solicitaban y era responsabilidad de las autoridades facultadas como momento, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conformado por las 32 Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas, las secretarías federales de Gobernación, Seguridad Pública, Educación Pública, Desarrollo Social y la Procuraduría General de la República, por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional de la Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de aceptar o negar el proceso a dichas solicitudes. Por lo que esta dinámica limitaba al gobierno en sus distintos niveles a que logrará satisfacer las demandas sociales en materia de género.

A partir de 2013 la dinámica cambia de tal manera que, ahora las asociaciones civiles que presenten una solicitud de acuerdo a los parámetros que se solicitan en la LGAMVLV van dirigidos a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el cual designa a un grupo de expertos académicos e investigadores para evaluar y diagnosticar el caso, posterior cada integrante vota a favor o en contra con base en los resultados que se recabaron para así designar o no alerta de violencia de género en el lugar solicitado.

La alerta de género tiene a su vez el objetivo de que se atienda con urgencia la violencia feminicida, la cual se define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (artículo 2 de la LGAMVLV).

La alerta de género debería percibirse como el foco rojo de una demanda social urgente que se tiene que atender por los gobiernos por medio de una política pública integral que prevenga, atienda y sancione la violencia ejercida contra las mujeres. Con el fin de obtener un espacio libre y digno en el que las mujeres logren desarrollan una vida plena con acceso a justicia real.

Así como cada municipio debe contar con una base de estudios de evaluaciones respecto a los avances en materia de género, implementando programas que apoyen la sensibilidad del tema para la población en general como para las victimas y familiares de estas.