Leopoldo Santos Ramírez

En reciente visita al mineral sonorense (11/11/21), el presidente Andrés Manuel hizo una presentación de avances del Plan de Justicia para Cananea, incluyendo varios puntos importantes, como la justicia para mineros jubilados o retirados antes del inicio de la huelga de la sección 65, en 2007.

El acto, por demás importante, constituyó un escaparate de estrategias de negociación de cuatro sectores: el consorcio Grupo México; la sección 65 del Sindicato Minero Nacional; el gobierno federal como un facilitador de las negociaciones, y la CTM Sonora, que desde 2010 detenta un contrato colectivo que la hace representante de la base de trabajadores con los que el consorcio sustituyó a los mineros de la sección 65. Para mayor precisión, la sección de la CTM en Cananea no puede desligarse del consorcio. En realidad, opera como sindicato blanco al servicio de intereses de Grupo México.

Así, prácticamente se trató de tres sectores: el del capital –en este caso con una fuerza de trabajo cautiva–, el gobierno federal –en función de regulador como entidad estatal– y los mineros rebeldes de la sección 65 –en huelga desde hace 14 años–. Estos sectores se encuentran engarzados en un conflicto que involucra temas centrales, como la existencia de un enclave minero en Cananea, tal como en la etapa porfirista; la renta de la explotación de los ricos minerales de la región y la prevalencia o no de derechos laborales; trabajar en condiciones de seguridad; elegir sus propias representaciones sin intervención externa, derecho a la huelga, la autonomía sindical y el respeto a las leyes en materia laboral emanadas de la Constitución de 1917.

La escenografía del acto Justicia para Cananea cambió respecto de la presentación anterior en julio pasado. Ahora, Javier García de Quevedo, alto funcionario de Grupo México, ocupó un lugar en el estrado, representando al consorcio, y allí mismo, un casi pleno del gabinete oficial económico y del trabajo. Abajo, en sillas destinadas al público, una mínima representación acreditada de la sección 65. Por fuera del edificio del Tecnológico de Cananea, ocupando las aceras, contingentes de la sección 65 y el agrupamiento de trabajadores de la CTM coreando sus consignas. Lo importante consiste en que por primera ocasión Grupo México accede a presentarse en un acto oficial que tiene por fin hacer que las partes se reconozcan como negociadoras.

El concepto justicia para Cananea abarca no sólo a los mineros, sino a la población total. La rehabilitación y equipamiento de los centros de atención médica, el acceso a agua de calidad, una nueva investigación de los efectos del macroderrame, y atención médica para la población afectada, incluyen mejoramiento de la calidad de vida de los cananenses, pero también de las poblaciones ribereñas del río Sonora.

Los trabajadores jubilados antes de la huelga de 2007 eran un caso sensible. Estos obreros, unos mil, quedaron sin servicios médicos cuando Germán Feliciano Larrea, principal accionista de Grupo México, en 2008 decidió desaparecer completamente al hospital del Ronquillo, donde se atendía a los obreros de la compañía minera, jubilados o en activo. Larrea cerró el Ronquillo como represalia contra los mineros al arribar a su primer año de huelga. En razón de su contrato colectivo, al recibir su finiquito, estos trabajadores recibieron sólo una compensación, sin derecho a una pensión mensual. Las negociaciones auspiciadas por el mandatario federal, permitieron hacerle un rasguño al consorcio por 300 millones de pesos, mientras el gobierno pondrá otros 300 millones que permitirán otorgar a los jubilados algo así como un salario mínimo hasta el término de la cantidad acumulada.

No hay duda, el gobierno cumple su parte importante en el plan de justicia ciñéndose a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo contenido se comentó aquí mismo en colaboración anterior. Sin embargo, hay algunas lagunas en la estrategia de los mineros. Da la impresión de que frente al protagonismo federal, los trabajadores han decidido permanecer a la expectativa del desarrollo de negociaciones que van a un ritmo que no les favorece, en momentos en que debieran desplegar con mayor fuerza sus demandas y ensayar tácticas nuevas. Desafortunadamente los tiempos políticos van de prisa, y es necesario que los mineros, esenciales para las necesidades democráticas del país entero, se activen y se incorporen de lleno a las tareas democráticas que la transformación de la nación demandan.