Víctor M. Toledo

Estamos viviendo el pináculo o la cresta de la corrupción en el mundo. El uso y abuso del poder político y económico, del conocimiento o de la posición jerárquica. La lista incluye empresarios, magnates, banqueros, empleados públicos, presidentes y primeros ministros, reyes, príncipes y princesas, sacerdotes, obispos y arzobispos, diplomáticos, rectores, gente de deportes, arte y ciencia y un largo etcétera. Este fenómeno coincide con la máxima concentración de riqueza en la historia representada por las ganancias de las corporaciones automovilísticas, petroleras, carboníferas, nucleares, mineras, alimentarias, farmacéuticas, químicas, agroquímicas, biotecnológicas, cementeras, turísticas, metalúrgicas, de telecomunicaciones, armamentísticas y demás. Para llegar a ello el poder corporativo fue poniendo a su servicio el conocimiento científico y técnico de cada rama y ello supuso la creación de un ejército de investigadores especializados, capaces de atender eficientemente fracciones del conocimiento, sin poner en duda sus implicaciones éticas ni sus riesgos para la humanidad o el entorno planetario. Esta tecnociencia con investigadores obedientes fue lograda por la imposición de un dogma: todo conocimiento científico y técnico es moralmente bueno, pues sólo hay una Ciencia, inmaculada y al servicio del desarrollo, la paz y la humanidad. En las últimas décadas las corporaciones no sólo consolidaron sus propios cuerpos de ciencia y tecnología, sino que fueron penetrando, cooptando y poniendo a su servicio la ciencia realizada desde las universidades y tecnológicos públicos y privados y las instituciones gubernamentales (véase el caso de Estados Unidos: https://www.ucsusa.org/resources/heads-they-win-tails-we-lose).

En México, las tres décadas de neoliberalismo, la obscena complicidad entre el poder político y económico, no sólo dejaron un país devastado, también crearon regímenes corruptos que trastocaron buena parte de los ámbitos institucionales de la nación. Y la ciencia no fue la excepción. Ello fue una combinación de acciones institucionales con los roles jugados por una élite de académicos que ejecutaron, propiciaron y/o aprobaron esas acciones. Un recuento de los principales desvíos de los fondos públicos hacia una ciencia y tecnología que no benefició al país entre 2000 y 2013 fue realizado por la directora del Conacyt en la conferencia mañanera del 20 de octubre de 2020. Por su parte, Ricardo Balderas, periodista de investigación realizó el informe La mafia de la ciencia, donde muestra cómo el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología se convirtió en una asociación civil para que un grupo de académicos usurpara funciones públicas para beneficiarse durante 16 años de fondos del Conacyt, unos 50 millones anuales (https://lamafiadelaciencia.projectpoder.org/).

En una carta hecha pública recientemente (https://concienciacritica2021. wordpress.com) unos 400 académicos denunciaron: La actual Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en 2002, ha sido objeto de ocho reformas que permitieron una galopante privatización y liberalización de los recursos públicos; el patrón común fue la mercantilización de los sujetos y productos del conocimiento, de la administración de los fondos a través de 65 fideicomisos, uno por ciento de los cuales recibió 40 por ciento de estos recursos. La carta expone las millonarias transferencias a fondo perdido que en el pasado el Conacyt hizo a empresas y corporaciones, como Intel (200 millones de pesos), Cummins (61 millones), Volkswagen (132 millones), Nemak (104 millones) e incluso al gigante Monsanto (20.8 millones), así como a universidades privadas.

Un acto notable del contubernio entre gobierno neoliberal y corporaciones fue el nombramiento que en 2013 hizo E. Peña Nieto, a Francisco Bolívar Zapata (FBZ) como titular de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia. FBZ es el científico que lidereó la defensa e introducción de los cultivos transgénicos en México y a quien se debe que las secretarías de Agricultura y del Ambiente se aliaran con Monsanto, Syngenta, Dow y Phil para sembrar maíz y soya transgénicos. Esos intentos fueron detenidos por una demanda legal que una colectividad de 53 personas y 20 organizaciones logramos el 5 de julio de 2013 y contra la cual el gobierno neoliberal litigó a favor de las corporaciones usando recursos públicos.