Mariela Fuentes Ponce.

El crecimiento descontrolado de la Ciudad de México ha desencadenado una crisis socioambiental que se suma a la presión sobre el territorio y los recursos, en gran medida por la especulación inmobiliaria rampante. La mayor parte (59 por ciento) del territorio corresponde al suelo de conservación, dicha denominación para esta porción del territorio de la capital es una categoría administrativa, diseñada e implementada para, teóricamente, proteger los recursos naturales y ambientales en la ciudad, decretada en el Programa General de Ordenamiento Ecológico, publicado en 2000. Se define como una zona que, por sus características ecológicas, provee servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los capitalinos. Los bosques y la agricultura son los usos de suelo primario en esta zona, destacando su importancia biológica y socioeconómica; ahí ocurren procesos geoclimáticos muy importantes para la supervivencia de la ciudad, como: regulación del clima, conservación de suelos, captura de carbono atmosférico –unas 90 toneladas/ha/año–. Se capturan, además, gases de efecto invernadero, se preserva la flora y fauna (según la Sedema, habitan ahí más de 4 mil especies entre plantas y animales) y, de manera muy importante, se capta y retiene agua: esta área infiltra casi 70 por ciento del agua que se consume en la capital. De manera preocupante, el cambio de uso de suelo de cada hectárea en el suelo de conservación impide que se recarguen 2.5 millones de litros de agua cada año.

La actividad agrícola en este territorio es de suma importancia tanto para la provisión de servicios ecosistémicos como para la oferta de alimentos como el nopal de Milpa Alta, los romeritos y amaranto de Xochimilco, el maíz cacahuacintle de Tlalpan, frutas y hortalizas. También se produce avena forrajera y plantas ornamentales para mercados locales y regionales. Hay producción ganadera, incluyendo bovinos, porcinos, ovinos y aves de corral. El uso de suelo agropecuario en la zona de conservación garantiza la preservación, apropiación y gestión del territorio, así como la valorización del espacio rural desde el punto de vista ambiental, productivo y cultural, preservando una forma de vida y cosmovisión a los pueblos pese a pertenecer a la megaurbe. Los capitalinos gozamos de estos servicios ecosistémicos, productivos y culturales en alguna medida.

La zona de suelo de conservación está compuesta por grandes extensiones de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Sin embargo, este territorio no ha sido ajeno a la degradación que vive la ciudad: pérdida de suelo y áreas cultivables, tala y deforestación ilegal, minería, fragmentación de hábitats y venta de lotes. Se estima que cada año se pierden más de 300 hectáreas de la zona del suelo de conservación, debido a conflictos sociales, como despojos e invasiones de tierras. De seguir así, en 2030, se habrá perdido por lo menos 30 por ciento del territorio de conservación. Una parte muy significativa del suelo de conservación se gestiona de manera colectiva, es decir, a través de asambleas ejidales, y las políticas públicas (de servicios, de uso del territorio, etcétera) federal y local han ido directamente en contrasentido de muchas decisiones de los ejidatarios sobre el manejo de los territorios y los recursos, desplazando a los habitantes originales de los ejidos (pueblos originarios), hasta incluso desaparecerlos. En 1920, cuando se repartieron las tierras en la ciudad se dio la formación de núcleos agrarios. Sin embargo, en 1950 éstos comenzaron a expropiarse, y en la década de 1980 se presentó la mayor venta de terrenos ejidales. Debido a la urbanización descontrolada muchos campesinos debieron vender a acaparadores, que posteriormente regularizaron la tenencia de la tierra mediante programas tales como Fanar que, históricamente, han sido impulsados por los gobiernos federal y local. El despojo de tierras en el suelo de conservación de la ciudad no se ha detenido. Al contrario, el fenómeno de gentrifación se ha agudizando y recrudecido: los más pobres son desplazados hacia el norte y este de la ciudad, y la población con mayores recursos se asienta en el centro y sur, propiciando el desplazamiento de los ejidatarios y aumentando la especulación inmobiliaria; se presiona a los pobladores originarios para que vendan sus tierras, lo que ha propiciado el asentamiento de personas ajenas a los núcleos agrarios quienes eventualmente ocupan cargos con capacidad de decisión, lo que acelera la compra-venta y regularización ilegítima de las tierras ejidales.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tiene identificados 12 conflictos relacionados con límites territoriales entre núcleos agrarios en Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Destaca el de los ejidos de San Miguel Ajusco y Héroes de 1910, en la alcaldía de Tlalpan, en que también han involucrado al ejido de San Nicolás Totolapan, perteneciente a Magdalena Contreras y que colinda con Tlalpan. Este conflicto es de particular importancia pues involucra a ejidatarios de San Nicolás, que han sido señalados, estigmatizados y criminalizados por defender los territorios del suelo de conservación de la ciudad en Contreras. Un colectivo de ejidatarios de San Nicolás Totolapan participa y colabora con el Departamento de Producción Agrícola y Animal de la UAM-Xochimilco a través del intercambio de conocimientos y experiencias en la producción de alimentos. Estos productores llevan a la práctica de manera cotidiana la transformación de la red alimentaria local al ser los actores principales en la producción y distribución de alimentos sin agroquímicos ni transgénicos, y sí con variedades adaptadas localmente, por lo que su actividad es esencial para la preservación de la salud del ambiente y de quienes se benefician con la producción de alimentos sanos.

Como en muchas partes del país, la defensa del territorio y los derechos humanos se da en un contexto de violencia, impunidad y criminalización que afecta particularmente a los defensores ambientales. Está comprobado que protestar y denunciar públicamente la imposición de proyectos de desarrollo, al crimen organizado, la especulación inmobiliaria, o el despojo de tierras aumenta el riesgo de quienes defienden los bienes comunes, ya que las denuncias no prosperan y las agresiones se mantienen en la impunidad.