Carmen Ventura Patiño*

El 29 de junio de 2021 se cumplieron 12 años de que los nahuas recuperaron parte de su territorio –una franja de tierra que colinda con el mar–, instalaron un campamento que ahora es reconocido como encargatura del orden denominado Xayakalan; ahí decenas de familias han construido su espacio de vida y es el corazón de la movilización y reconstitución comunitaria. Esta territorialidad implicó la reorganización de su guardia comunal bajo el mandato y vigilancia de la asamblea. Fortalecieron sus formas de gobierno indígena y sus prácticas autonómicas, como parte de procesos históricos de apropiación y resistencia ante los distintos contextos jurídicos y políticos.

Santa María Ostula fue durante el periodo colonial una república de indios, le fueron reconocidas sus tierras y sus linderos descritos en una vista de ojos que realizaron las autoridades virreinales a fines del siglo XVIII. Formaron parte de la Compañía de Flecheros, llamados Centinelas del Mar del Sur, encargados de resguardar el mar de los piratas y de los enemigos del imperio español, a cambio de su servicio le rebajaban un tercio del pago del tributo. Lograron defender su territorio ante la embestida de las leyes liberales durante el siglo XIX, a diferencia de otros pueblos nahuas que sucumbieron o que vieron reducidas sus propiedades. El proceso de reforma agraria del siglo XX que pretendía la restitución o bien el reconocimiento de las tierras pertenecientes a los otrora pueblos de indios, bajo la denominación de comunidades agrarias, representó para Ostula el inicio de una etapa de litigios en defensa de su territorio que comprende unas siete décadas.

El 17 de enero de 1952 los representantes comunales presentaron una solicitud de confirmación y titulación de bienes comunales (CTBC) ante las autoridades agrarias. Los funcionarios agrarios realizaron los primeros trabajos técnicos de medición resultando una superficie de 25 mil 580 hectáreas en posesión de la comunidad. No obstante, una fracción de la colindancia poniente fue reclamada por autodenominados pequeños propietarios del poblado vecino de La Placita. En abril de 1964 la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) emitió una resolución presidencial reconociendo únicamente 19 mil 32 hectáreas; la comunidad se inconformó e impidió su ejecución. Durante todo el proceso agrario los representantes comunales denunciaron ante las autoridades correspondientes las irregularidades de los trabajos de medición, por ejemplo, la negativa del ingeniero a recorrer los linderos o que los técnicos enviados se la pasaban en las fiestas de La Placita a costa de las finanzas de la comunidad.

La mojonera del lindero en conflicto se ha reubicado en dos ocasiones en perjuicio de Ostula, cuya superficie va de la costa hacia la sierra, donde se encuentran bienes comunales de suma relevancia para inversionistas extranjeros interesados en complejos turísticos, madereros y mineros. La minera Ternium, una de las compañías más grandes del mundo, explota el hierro en la vecina comunidad de Aquila; en territorio de Ostula existe una decena de concesiones que los nahuas no han permitido su explotación. Los complejos turísticos que dominan el paisaje de las costas del océano Pacífico desde Nayarit, Jalisco y Colima se interrumpen en Michoacán. El territorio de las comunidades nahuas comprende más de la mitad del litoral michoacano, que los inversionistas codician para instalar sus cadenas hoteleras.

En el país, los territorios indígenas están asediados por empresas trasnacionales, cuerpos de seguridad privados y gubernamentales, así como de economías ilegales y grupos armados en connivencia, constituyendo lo que denominamos trinomio espacial de la violencia. La creación de una base naval muy cercana a Xayakalan y el anuncio de la construcción de dos más a escasos kilómetros, sugiere una política de contrainsurgencia que busca criminalizar la resistencia en contra del despojo. En 12 años han asesinado a 35 comuneros y han desaparecido a cinco, a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2010.

La lucha jurídica por el reconocimiento y restitución de su territorio, ahora en manos de los tribunales, no representa una disputa por una extensión de tierra o por la concesión de recursos naturales, sino que constituye la defensa de un espacio imprescindible para la reproducción y permanencia de un pueblo en resistencia desde hace siglos, que encuentra sustento legal en el marco jurídico internacional y porque precede al Estado nación.