La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, advirtió ayer que la devastación económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha colocado a Latinoamérica en peligro de sufrir una nueva década perdida: actualmente hay en la región 60 millones de personas en situación de hambre, 14 millones más que hace un año, la contracción económica fue de 6.8 por ciento, la peor en 120 años, y, para colmo, el aumento del precio de los alimentos acentúa la doble carga de malnutrición y obesidad en la población del subcontinente.

En un foro regional virtual antes de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, la secretaria indicó que, si bien este año se pronostica un crecimiento económico de 5.2 por ciento como promedio para la región –el llamado efecto rebote tras la brutal caída del año pasado–, no alcanzará para el crecimiento sostenido necesario porque los impactos sociales, ambientales y estructurales se han agudizado; pero en 2022 se prevé que (el crecimiento) será de 2.9, una desaceleración con respecto a 2021. Por todo ello, aludió, la región sigue en la trayectoria de una década perdida; la crisis derivada de la pandemia elevó la desigualdad y la pobreza.

Ante este panorama desolador, es claro que la única manera de no perder la década, y no sufrir una regresión catastrófica en materia de combate al hambre, la pobreza y la desigualdad, es romper de manera drástica con las políticas que propiciaron la concentración de la riqueza, las terapias de choque para reducir el déficit fiscal, los subsidios a las grandes corporaciones en detrimento de las poblaciones y las estrategias antinflacionarias de contención salarial.

Se requiere, por el contrario, retomar las medidas redistributivas, las políticas fiscales orientadas a gravar de manera primordial las utilidades y las fortunas, no el salario y el consumo, y emprender un rescate social en una escala sin precedente para salvar del hambre a decenas de millones de personas. Es de fundamental importancia, además, abandonar dogmas neoliberales como el de que la riqueza generada se derrama de la cúspide a la base de la pirámide social. Ideas como la referida no sólo no distribuyeron los ingresos, sino que hundieron en la miseria a las mayorías y generaron pequeñas cúpulas de potentados que utilizaron su poderío económico para controlar las instituciones públicas.

Más allá de consideraciones ideológicas, el viraje mencionado debe asumirse como un imperativo basado en valores éticos fundamentales, pero también, si se quiere, en consideraciones pragmáticas sobre la necesidad de preservar la gobernabilidad; porque si se permite un nuevo ciclo de expansión de la pobreza en América Latina, más temprano que tarde la desesperación social hará inviable la institucionalidad democrática que se ha logrado construir o restaurar en los países de la región.

Adicionalmente, ante el trágico rezago de la vacunación contra el Covid-19 que ostenta el subcontinente ––sólo 13 por ciento de sus habitantes han recibido al menos una dosis de alguno de los biológicos–, es necesario que los gobiernos del subcontinente tomen plena conciencia de lo urgente que resulta acelerar la inoculación masiva de sus respectivas poblaciones y que actúen en consecuencia. En este ámbito, hoy resulta más evidente la pertinencia de robustecer y revitalizar organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina (CAN) y la Alianza Bolivariana (ALBA-TCP), erosionados por diferencias políticas e ideológicas y tentaciones injerencistas, a fin de que en el seno de estos foros se puedan acordar programas multilaterales de producción, abastecimiento y aplicación de las vacunas.