El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que en su próximo encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, le dejará en claro su intención de impedir que abuse de los derechos humanos. La reunión, programada para dentro de dos semanas en Ginebra, Suiza, está precedida por la indignación de medios y gobiernos occidentales por los presuntos maltratos de Moscú a opositores y la tensión se ha recrudecido ante renovadas acusaciones de dependencias y empresas estadunidenses –notablemente, el gigante informático Microsoft– en el sentido de que diversas agencias gubernamentales de Washington fueron objeto de un ciberataque que se originó en territorio ruso.

La relación binacional se ha visto adicionalmente enrarecida por la situación en la región del Donbás, en Ucrania, compuesta por las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, en la que se desarrolla un conflicto entre el gobierno de Kiev y la población étnicamente rusa, que exige su separación de esa nación y su anexión a la Federación Rusa.

No deja de ser paradójico y contradictorio que el mandatario estadunidense pretenda llegar con esta intención de reclamos a un encuentro que tiene por objeto restablecer la previsión y estabilidad en la relación entre Washington y Moscú, la cual ha experimentado un deterioro significativo por expresiones temperamentales del propio Biden, el cual –en un exceso verbal que recuerda a su antecesor, Donald Trump– ha llamado asesino al presidente ruso y ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de reforzar sanciones económicas contra Rusia.

El pretendido reclamo sobre violación a los derechos humanos es particularmente improcedente e incluso grotesco. Para ponerlo en perspectiva, resulta tan absurdo como si Putin declarara que irá al encuentro de Ginebra con la intención de recriminar a Biden por la violencia policial que ha causado numerosas muertes de ciudadanos afroestadunidenses, o por el inveterado respaldo de Washington a intentos desestabilizadores en América Latina.

Cabe esperar que el habitante de la Casa Blanca recapacite y sea capaz de comprender lo poco que ayudan sus intenciones a la deseable normalización de relaciones entre las dos superpotencias atómicas del planeta.

En el caso de las supuestas interferencias informáticas, que Estados Unidos viene reclamando desde 2016 pero de las que no hay hasta la fecha una prueba sólida de participación del Kremlin, sería deseable que el esclarecimiento de estos episodios se encomendaran a una comisión internacional de expertos y que, en tanto no haya conclusiones claras e inequívocas, se aislara el asunto del resto de la relación bilateral, que es mucho más compleja y variada.

Por lo que hace a la circunstancia en Ucrania, lo correcto sería que se aplicara el principio de autodeterminación y que se impulsara una solución entre los propios ucranios, tanto los que son favorables a la integración con la Unión Europea, como los que desean separarse del país, sea para conformar un Estado independiente o para unirse a la Federación Rusa, como lo hicieron ya, tras un referéndum, los habitantes de Crimea.

Finalmente, sobre el asunto del respeto a los derechos humanos, es claro que Estados Unidos dista mucho de tener una trayectoria impecable en la materia como para echar en cara a otros gobiernos sus faltas, reales o supuestas.