Alrededor de 7 mil migrantes africanos, entre los cuales al menos mil 500 son menores de edad, llegaron nadando a territorio español la madrugada del lunes. El arribo masivo a la ciudad de Ceuta constituye una crisis humanitaria y política sin precedente, pese a que este enclave español en la costa norte de Marruecos ha sido desde hace muchos años objeto de tensiones por la gran cantidad de personas que esperan alcanzar suelo de la Unión Europea.

El presidente de España, Pedro Sánchez, canceló su participación en una cumbre en París y se desplazó a la ciudad autónoma, con el fin de coordinar la respuesta a una emergencia que desbordó las capacidades de una urbe de apenas 70 mil habitantes.

El relajamiento súbito en la vigilancia de la policía fronteriza marroquí en esta zona, de sobra conocida por problemática, se ha interpretado como una represalia de Rabat contra Madrid por el auxilio prestado a Brahim Ghali, dirigente histórico del Frente Polisario, quien fue trasladado de Argelia a un hospital español para salvarle la vida debido a un cuadro de Covid-19. El Polisario lucha desde hace casi medio siglo por el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática y el fin de la ocupación colonial marroquí sobre lo que hasta 1975 fue el Sahara español.

En ese empeño el Frente Polisario tiene de su parte la razón histórica y la legalidad, pero en los hechos ha sido abandonado a su suerte por la obsecuencia internacional con el reino de Marruecos.

Más allá del error diplomático que supuso trasladar a Ghali con documentos falsos y sin notificar a las autoridades marroquíes, resulta injustificable que Rabat utilice las vidas de miles de migrantes como moneda de cambio en sus diferendos con el gobierno español, máxime a sabiendas de que entre quienes se lanzaron a las aguas del Mediterráneo se encuentran niños y ciudadanos del propio Marruecos.

Así, el problema de fondo radica en un régimen corrupto, autoritario, represor y colonialista, cuya arbitrariedad no halla ningún límite gracias a la habilidad del monarca Mohamed VI para tejer complicidades con Occidente, incluido Israel.

En este aspecto, no puede soslayarse la trai-ción perpetrada por el régimen de Mohamed VI a toda la comunidad islámica al entablar relaciones diplomáticas con Tel Aviv a cambio de que el ex presidente estadunidense Donald Trump reconociera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental, un ominoso intercambio de favores que, como tantos actos del monarca y el magnate, violenta los mandatos de la Organización de Naciones Unidas.

Por otra parte, la monarquía hereditaria marroquí medró y se fortaleció gracias a la pusilanimidad y el pragmatismo con que actuaron los gobiernos españoles posteriores a la dictadura franquista, los cuales no sólo se desentendieron de la suerte de la acosada y ocupada república saharaui, sino que miraron hacia otro lado ante las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Rabat.

Hoy la comunidad internacional en general debe dejar atrás su conducta hacia el régimen marroquí –omisa, en el mejor de los casos, y cómplice, en el peor– y condenar sin ambigüedad la irresponsable e inhumana instrumentación política del fenómeno migratorio.