La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, presentó al presidente Iván Duque el lunes pasado su renuncia irrevocable y efectiva de manera inmediata, se informó ayer, en lo que supone la segunda dimisión en el Palacio de Nariño en apenas dos semanas. Hace 10 días, se vio obligado a dejar el cargo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, autor de la incendiaria iniciativa de reforma fiscal que desató la ola de protestas que el miércoles entró en su tercera semana, sin señales de remitir.

Con la salida de la canciller, es cada vez más inocultable que la grave crisis social provocada por la impericia y la insensibilidad de Duque se ha convertido también en una crisis política, cuya solución se vislumbra lejana cuando falta un año para las elecciones presidenciales. El problema, para el grupo gobernante y para la sociedad colombiana, es que la administración derechista se quedó sin proyecto ni respuestas tras el fracaso en su intento de trasladar a las mayorías el costo de mantener los ofensivos privilegios de la oligarquía mediante el aumento y la creación de impuestos.

No puede perderse de vista que el gobierno de Duque se encontraba erosionado y sumido en el descrédito mucho antes de la pandemia, pues ya en noviembre de 2019 acumulaba 70 por ciento de desaprobación. Ahora, cuando el rechazo popular se ha volcado a las calles, pese al riesgo sanitario, el presidente no tiene más salida que aceptar un diálogo serio y sustancial, radicalmente distinto a la pantomima con la que pretendió tomar el pelo a los inconformes en su país y a la comunidad internacional; o continuar con la brutal represión que ha dejado casi medio centenar de muertos –39 de ellos por la acción directa de las fuerzas del orden–, más de medio millar de desaparecidos y cientos, o quizá miles, de heridos.

Para que el diálogo sea creíble, tendrá que incluir una rectificación de las políticas neoliberales y oligárquicas que se encuentran en el fondo del malestar social. Ésta, que sería la única vía sensata, representaría para Duque un choque frontal con su mentor político, y quien es considerado el verdadero poder tras la formalidad institucional, el ex presidente Álvaro Uribe. Como expuso el senador Gustavo Petro, este siniestro personaje y su entorno –conformado por la más rancia oligarquía y por los más salvajes grupos paramilitares, sectores que con frecuencia se confunden– han recurrido a tácticas transparentemente fascistas para auparse al poder y crear un sólido consenso social alrededor de sus intereses: desde la satanización y criminalización de cualquier forma de disidencia, hasta la invención de amenazas inexistentes para justificar formas extremas de violencia de Estado.

Las más de dos semanas de manifestaciones callejeras ininterrumpidas evidencian que la crisis económica provocada por la caída en los precios de las materias primas, la torpeza política de Duque y los estragos causados por la pandemia han precipitado el resquebrajamiento de ese consenso neoliberal, y ponen a la clase gobernante ante la disyuntiva de renunciar a un sistema de insultantes privilegios o emprender un baño de sangre para sofocar la inconformidad social.