Gabriela Rodríguez R.

Esta semana se efectuó el periodo de sesiones 54 de la Comisión de Población y Desarrollo, virtual en esta ocasión; seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo sustentable fueron temas centrales.

En el posicionamiento del gobierno de México, en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se destacaron tres ejes prioritarios: la relación entre los derechos humanos y la seguridad alimentaria, el envejecimiento poblacional, y la salud sexual y reproductiva de niños y adolescentes.

Respecto a los derechos humanos y la seguridad alimentaria se habló de la transformación profunda del sistema alimentario por la que apuesta hoy el país. El programa Producción sana de alimentos sanos camina hacia un sistema agroalimentario justo, saludable sustentable y competitivo. Las acciones para contrarrestar la epidemia de malnutrición reimpulsan la agroecología, incluyendo a los productores de pequeña escala y pertenecientes a pueblos indígenas, la democratización de las políticas alimentarias y el fomento de la alimentación fresca y local. Pocos son los países que, como México, han implementado el etiquetado frontal de los alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que han prohibido la siembra de maíz transgénico, que han sembrado un millón de hectáreas de árboles frutales y forestales y decretado el desuso progresivo del glifosato. Al llegar a México la pandemia del virus SARS-CoV-2, múltiples desigualdades quedaron a la vista. Uno de cada tres hogares reporta una pérdida de la mitad o más de los ingresos que percibían antes del Covid-19, el desempleo llegó a afectar a 8.4 millones de personas.

Respecto al envejecimiento poblacional se informó que nuestra población de mayores se duplicará en 30 años. Los niveles de riesgo de contagio que afrontan esas personas son diferentes según la estructura del hogar: en hogares familiares e intergeneracionales se complica o imposibilita el confinamiento de todos sus integrantes, el riesgo está en la corresidencia con personas cuyas actividades laborales no pueden realizarse vía remota. De acuerdo con el censo 2020, una cuarta parte del total son hogares ampliados y más de 60 por ciento son nucleares; los unipersonales representan 12 por ciento (41 por ciento son personas mayores, mujeres, 58 por ciento). Ellas viven más pero llegan con un conjunto de desigualdades que han acumulado durante su trayectoria. La pandemia amplió la brecha en relación con los trabajos de cuidados, las mujeres destinan en promedio 39.7 horas a la semana a labores domésticas y de cuidados, ellos invierten 15.2 horas, la brecha es de 24.5 horas semanales. Se agudizó la violencia, de ahí que se declararan como esenciales los servicios de refugio y de atención a las mujeres que la viven.

En cuanto a salud sexual y reproductiva de las niños y adolescentes, hoy hemos de reconocer el alto costo que cobra la pandemia en el caso de la población adolescente y joven. Se estima un posible aumento de embarazos, ya sea por falta de asistencia a los centros de salud, aumento de la violencia sexual de pareja y de género, ­inasistencia y deserción escolar, o por la carga del trabajo doméstico y de cuidados, que en las mujeres se acompaña de descuido de las ne­cesidades de salud. Se calcula el descenso general en 20 por ciento de las Necesidades Insatisfechas de Anticoncepción (NIA), y de 30 por ciento en adolescentes; se sumarían 129 mil 336 nacimientos no deseados adicionales a los proyectados, de los cuales 28 mil 772 serían de madres adolescentes (adicionales a los 337 mil 661 proyectados para el año). Para evitar que el embarazo en la segunda década de vida sea una barrera para la movilidad social de los adolescentes, se desarrolla una Estrategia de Prevención que fortalece la educación integral de la sexualidad, los servicios amigables de salud sexual y reproductiva para adolescentes; la doble protección, uso del condón en combinación con algún anticonceptivo reversible de acción prolongada. Se impulsa la corresponsabilidad de los hombres adolescentes ante prácticas sexuales y embarazos, así como la disminución del riesgo por consumo de alcohol y otras sustancias sicoactivas.

Este gobierno apuesta por un cambio cultural y una transformación estructural: con una gran inversión en becas para estudiantes en condición de pobreza que alcanza a 6.8 millones de estudiantes del nivel básico, a más de 4 millones del nivel medio superior y a más de 300 mil estudiantes del nivel superior, 21 por ciento de comunidades indígenas. Es imperativo anticiparse a lo que viene, el reto es elevar los niveles de seguridad alimentaria y económica, ampliar las oportunidades de desarrollo social y cultural, no sólo de quienes atraviesan hoy la etapa de mayor edad, sino de los amplios grupos poblacionales juveniles y de quienes estando en plena vida adulta, que hoy son mayoría, conformarán el grueso de la población de mayor edad en un futuro próximo.