En su Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados (ASF) hace fuertes señalamientos al desempeño de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como a su falta de colaboración con el órgano fiscalizador. De acuerdo con el documento presentado el sábado, la dependencia encabezada por Irma Eréndira Sandoval mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer, actitud incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades.

El informe sostiene que la secretaría encargada de erradicar la corrupción en la administración pública federal cometió irregularidades y deficiencias en la contratación de seis altos funcionarios públicos; efectuó un número ínfimo de investigaciones de evolución patrimonial del personal del gobierno, las cuales además carecieron de una política de selección con sustento técnico y metodológico; no mostró evidencias de acciones tomadas a partir de quejas o denuncias ciudadanas; y en general no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la administración pública federal durante 2019, primer año de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia.

Más allá de cualquier posible motivación política en la demoledora evaluación del trabajo de Irma Eréndira Sandoval y su equipo, lo cierto es que las instancias creadas para vigilar el buen uso de los recursos públicos y sancionar a los funcionarios que incurran en malas prácticas deben colaborar estrechamente en el cumplimiento de su cometido, así como conducirse de tal manera que sirvan de ejemplo para el resto de los integrantes de los tres niveles de gobierno.

En este sentido, la SFP debe tomar nota de los señalamientos y emprender las acciones necesarias, a fin de mejorar tanto su funcionamiento interno como su labor de control sobre el conjunto de la administración pública federal. En la observancia de esta función no debiera ser un obstáculo que la Función Pública forme parte del mismo aparato gubernamental al que vigila, pues resulta evidente que las irregularidades –presuntas o reales– llegarán al conocimiento de los ciudadanos más temprano que tarde, y que el intento de disimularlas no ayuda en nada a un proyecto que ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera política.