Marcos Roitman Rosenmann

El asesinato de Francisco Martínez Romero, joven artista callejero, a manos del cuerpo de Carabineros ha supuesto un nuevo estallido social. Cinco disparos a quemarropa acabaron con su vida; tenía 29 años. Pero a la acción canalla le siguió la cobardía de quienes perpetraron el crimen. Su actitud no fue prestar auxilio, huyeron, dejando a Francisco en su agonía hasta la muerte. Lo que sucedió a continuación, representa el hartazgo hacia la impunidad de la cual gozan las acciones realizadas por los Carabineros. Las calles de Chile se han llenado de ciudadanos pidiendo responsabilidades. Panguipulli, lugar de los hechos, en el sur del país, se ve sobrecogida. A los gritos de impotencia y rabia, le siguieron el asalto a la comisaría, la municipalidad, correos y otras dependencias públicas, cuyos cimientos ardieron casi completamente.

Son muchos los agravios. El gobierno de Sebastián Piñera y la gran coalición de la derecha chilena han ejercido un poder despótico, bajo una violencia extrema. Su principal brazo ejecutor, una institución que perdió su dignidad el 11 de septiembre de 1973, cuando los golpistas encarcelaron y destituyeron a sus mandos, todos leales al presidente Salvador Allende. Ha trascurrido medio siglo y Carabineros sigue acumulado denuncias de violaciones, tortura, secuestros, y asesinatos políticos. Pero sus ejecutores son exculpados. Una pancarta ha sido desplegada en Santiago con el siguiente lema: “Los pacos matan, violan, roban y torturan. Libertad para los presos de la revuelta. Octubre es nuestro. No a la impunidad”.

Son innumerables los casos de violación de derechos humanos cometidos por carabineros que han sido archivados o sobreseídos. Las fuerzas de carabineros cuentan con el aval de los partidos políticos, no importa el color. Si durante la dictadura se les otorgó patente de corso para robar, matar y delinquir, desde 1989 todos los presidentes les han brindado protección. Eso les ha vuelto poderosos. Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han permitido el uso ilimitado de la fuerza. El mensaje ha sido uno: pueden seguir disparando, reprimiendo, nosotros les defendemos.

En esta década el Estado les ha dotado de una tecnología de muerte y represión, acorde con los tiempos del capitalismo de vigilancia. Tanquetas, escopetas de balines, carros de combate urbano, bombas de gases, armas ultraligeras y químicas componen su arsenal. A lo dicho hay que sumar los cursos ad hoc para sus labores represivas e infiltración en las manifestaciones. Así lo demuestra la reciente filtración del último Manual de operaciones especiales para el control del orden público de Carabineros. En sus 215 páginas hallamos un extenso protocolo que detalla el lanzamiento de los disuasivos químicos, el empleo de gases lacrimógenos, la manipulación de la escopeta Escort y Franchi y el uso de granadas químicas a ras de piso o por detrás de la multitud. En este manual, también se detallan las técnicas de lanzamientos en abanico, barrida, arrastre o el manejo de carabinas lanzagases Stopper y AM-600. Toda una formación democrática tendiente a proteger a los ciudadanos.

Desde el 18 de octubre de 2019, fecha del inicio de la rebelión popular, la fuerza de Carabineros ha provocado la ceguera o daños oculares a 460 personas. En la actualidad se contabilizan más de 2 mil las demandas presentadas contra el cuerpo policial por abuso de autoridad, violaciones y torturas. Pero la respuesta ha sido atemorizar, detener y encarcelar a quienes demandan justicia. Sin embargo, la cobardía de un gobierno corrupto, que traiciona a su pueblo y lo reprime, ha sido cerrar filas. Así, el ex ministro de interior Mario Desbordes, ex presidente del Partido Renovación Nacional, a la sazón ex oficial de Carabineros, declara una vez conocido el asesinato del joven artista callejero: Francisco Martínez: en Alemania o en Chile la policía hace uso de su arma y siempre en legítima defensa.

Las actuaciones de Carabineros han estado rodeadas de muerte y en el sur del país, han tenido como objetivo destruir las organizaciones y reprimir al pueblo mapuche. Todos los gobiernos han dado carta blanca para sus actuaciones ilegales. Operaciones ad hoc de sus comandos incluyen la quema de vivienda, secuestro de niños, vuelos intimidatorios, violaciones y el asesinato de líderes y dirigentes de sus comunidades. Así, han disparado por la espalda, incendiado cosechas, destruido sus aperos de labranza, y comportado como guardaespaldas de las organizaciones paramilitares de terratenientes e industrias madereras que buscan apropiarse de sus territorios y expulsarlos del Wallmapu.

El asesinato de Francisco Martínez no puede quedar impune. Es el pueblo chileno que copa las calles de ciudades y pueblos de norte a sur, el que exige el fin de la impunidad. Es la valentía del pueblo mapuche y chileno la que destapa la cobardía de un gobierno que protege el crimen y la impunidad, escudándose en el cuerpo de carabineros. Orden y patria, reza el lema de su escudo. Pero un orden que asienta un neoliberalismo militarizado y una patria mezquina que la plutocracia entiende como su propiedad privada.