Carlos Ímaz Gispert

La política de reducción y contención de los salarios, aplicada en México desde 1977 y hasta 2018, debe ser reconocida como criminal y sus responsables llevados a juicio penal, por violentar abiertamente nuestra legalidad constitucional que en su artículo 123 inciso 6, a la letra dice: Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Crimen que contribuyó de manera muy importante o de plano produjo pobreza, hambre, marginación, angustia, dolor, desesperación, incertidumbre, impotencia, desesperanza y violencia criminal contra millones de mexicanos de todas las edades, la cual ha producido cientos de miles de asesinatos y decenas de miles de desapariciones, violentando el más básico de todos los derechos humanos: a seguir respirando. De todo ello hay pruebas de sobra y sólo quisiera poner mi granito de arena para el juicio político y ojalá también penal de los responsables; para que se continúe y profundice la política de resarcimiento salarial, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y la 4T, y para que no permitamos que se repita nunca más un delito de estas características.

De la brutal concentración de la riqueza, generada por millones y en manos de unos cuantos, puede dar cuenta un dato espeluznante. De acuerdo con Oxfam, en 2017, nuestro país alcanzó un récord mundial obsceno: cuatro millonarios concentran una riqueza equivalente a 50 por ciento de la población con menores recursos. Esta concentración es también verificable en la modificación de la distribución por factores de la producción del producto interno bruto, pues, mientras en 1976 la proporción de participación del PIB que correspondió al trabajo asalariado fue de 40 por ciento, la del capital fue de 60 por ciento, pero para 2012 dicha proporción había disminuido a 27 por ciento para el trabajo, mientras la del capital se había incrementado hasta 73 por ciento (por cierto que en la mayoría de los países miembros de la OCDE estas proporciones están invertidas, pues, en ellos, el porcentaje del PIB que corresponde al trabajo es superior a 50 por ciento). Es decir, el problema es la forma en que se distribuye la riqueza generada.

Al mismo tiempo, como se aprecia en la gráfica, la deliberada y constante política de disminución del salario en México, significó que el salario mínimo se redujera de 1976 a 2000 en 76 por ciento en términos reales y que, a partir de entonces y hasta 2018, se mantuviera prácticamente estancado, decisión que fue argumentada, a sabiendas, con una gran mentira: el aumento del salario real es inflacionario.

Durante los 25 años de crecimiento sostenido del salario mínimo en México (1952 a 1976), éste aumentó 6.5 veces en términos reales (550 por ciento), al tiempo que la inflación se mantuvo controlada en cifras de sólo un dígito hasta los últimos tres años de ese periodo en que subió apenas un poco más. Sin embargo, será luego de una disminución salarial real de 30 por ciento, de 1976 a 1982, que se disparó la inflación, elevándose 3 mil 700 por ciento durante el sexenio 1982-1988, al tiempo de que el salario mínimo disminuía otro 40 por ciento en términos reales. Es decir, cuando el salario real subió, la inflación se mantuvo estable y fue hasta que el salario real bajó que la inflación aumentó: justo en sentido contrario a lo que afirman los economistas neoliberales y la élite empresarial. Queda claro que aumento salarial (nominal) que no esté por arriba de la inflación es un decremento del salario (real) y que el incremento real del salario no es inflacionario. Esto lo sabían los responsables de este crimen, quienes, en comisión tripartita y por orden presidencial, acordaron la disminución anual del salario real, violentando año con año, con total premeditación, alevosía y ventaja, el mandato explícito de la ley. Para resarcir de este crimen al pueblo de México, se necesita continuar con la política de recuperación del salario real, pues, luego de tres años consecutivos de significativos incrementos reales del minisalario, para alcanzar el nivel de 1976 aún se requeriría de un incremento real de 163 por ciento del actual salario mínimo. De esa magnitud es la tarea.