En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, realizó un desolador recuento de la situación de violencia de género en el país: no sólo seis de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna agresión y 3 mil 800 son asesinadas cada año, sino que adicionalmente ocho de cada 10 viven con el temor de ser agredidas; cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres –lo que en casi todos los casos significa que fueron víctimas de agresiones sexuales– y una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia en el ámbito escolar, en la mayoría de los casos, de tipo sexual.

Ante este panorama, la encargada de la política interior urgió a actuar desde el ámbito personal y colectivo para impulsar acciones que fortalezcan la prevención y atención a la violencia contra la mujer y refrendó que erradicar este fenómeno es una prioridad del Estado en la que los poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno deben aplicar la tolerancia cero contra esta práctica, propiciada por un entorno machista y patriarcal. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la violencia desbocada como el fruto podrido del periodo neoliberal, y destacó que las agresiones de género tienen que ver con el machismo, pero también con las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad que prevalecen en México.

En este sentido, es innegable que el régimen anterior propició una situación de violencia exacerbada en todos los ámbitos y las regiones del país, la cual es caldo de cultivo y catalizador de los abusos contra las mujeres –en particular de sus manifestaciones más extremas: la violación y el feminicidio– en tanto implica una severa devaluación y un desprecio atroz por la vida humana, a la vez que engendra un ambiente de impunidad en el cual los agresores se mueven a sus anchas.

Sin embargo, es igualmente claro que la violencia contra las mujeres, sea sicológica, sexual, económica, patrimonial o simbólica, posee una especificidad definitoria: la de originarse en una cultura machista, patriarcal y misógina. Este origen obliga a hacerle frente por medio de acciones puntuales, la primera de las cuales es necesariamente el fortalecimiento de un orden legal auspicioso para la protección de la integridad física, sicológica y patrimonial de las mujeres, así como para una plena igualdad de derechos y obligaciones.

Más allá del mejoramiento del marco legal, es necesario corregir las trabas institucionales que obstaculizan su implementación y que hoy por hoy, lejos de coadyuvar en esta ardua labor, reproducen y amplifican la violencia de género. Una de estas trabas la constituye, sin duda, la imposibilidad de fiscalizar y sancionar a los ministerios públicos estatales, cuya inoperancia y hasta hostilidad hacia las políticas de género son un elemento fundamental en la impunidad de las conductas sociales discriminatorias contra las mujeres.

Es imperativo adoptar como objetivo público el garantizar condiciones de realización personal y profesional, seguridad e igualdad sustantiva a las mujeres, y para lograrlo es imprescindible una acción combinada de las instituciones del poder público con la sociedad, ya que el enemigo a vencer es algo mucho más complejo que las condiciones económicas, las leyes o el mal funcionamiento de las instituciones: se trata de toda una cultura debe cambiar.

Está claro que no puede haber una transformación nacional satisfactoria y positiva si ésta no incluye la transformación de unas circunstancias en las que ser mujer es una desventaja, un impedimento y hasta un peligro de muerte.