El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará una iniciativa para acabar con los abusos laborales y fiscales cometidos a través de la figura del outsourcing, ya sea mediante su regulación o desapareciéndola. Para ejemplificar la conducta de las empresas dedicadas a manejar las nóminas de terceros, el mandatario señaló que a finales de año cientos de miles de trabajadores son dados de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que estos puestos laborales se recuperan en enero o febrero, maniobra mediante la cual sus empleadores les niegan el pago del aguinaldo y les impiden acumular antigüedad. De acuerdo con López Obrador, la situación actual es producto de la reforma laboral aprobada en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, cuyo sentido fue dar facilidades para violar los derechos de los trabajadores.

Por este tipo de prácticas, el titular del Ejecutivo consideró que los beneficiarios del outsourcing no son empresarios, sino traficantes de influencias, coloquialmente denominados coyotes, quienes han burlado la ley y descarrilado los esfuerzos para poner coto a los abusos. En efecto, cabe recordar que desde el año pasado comisiones del Senado aprobaron por unanimidad un proyecto de reforma laboral que buscaba regular la subcontratación, pero éste naufragó debido al intenso cabildeo de grupos de intereses empresariales.

La escala y profundidad de los daños cometidos por la subcontratación se encuentran documentadas desde años atrás. En 2018, un directivo de ManPowerGroup, importante empresa de capital humano, señaló que 96 por ciento de las 900 compañías dedicadas al manejo de los recursos humanos para terceros no paga impuestos ni cumple con sus obligaciones laborales. De acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentados por el senador Napoleón Gómez Urrutia en diciembre pasado, las operaciones de subcontratación suponen al erario un quebranto de 500 mil millones de pesos anuales, toda vez que el esquema facilita eludir los pagos correspondientes al IMSS o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como emitir facturas falsas mediante las cuales se evaden responsabilidades fiscales.

Este doble quebranto a los ingresos de los trabajadores –así como a sus derechos elementales– y a las finanzas públicas evidencia la urgencia de regular esta actividad, vigilar a las empresas dedicadas a ella y sancionar cualquier atropello cometido bajo su amparo. Dado que se trata de un mecanismo concebido desde su origen para la denegación de los derechos laborales, lo ideal desde una perspectiva ética y social es desaparecerlo, pues de otra forma siempre se prestará a cierto nivel de simulación. Sin embargo, su uso sistemático ha hecho que hoy sea parte inextricable de la economía mundial, hasta el punto de que erradicarlo conllevaría una parálisis en prácticamente la totalidad de las áreas económicas, en particular en el sector servicios.

Esta realidad, tan deplorable como ineludible, obliga a dar con la fórmula para asegurar que la transferencia de la nómina de una empresa a otra no se lleve a cabo mediante una pérdida de valor de la fuerza de trabajo, y que no sirva como pantalla para la evasión de responsabilidades fiscales.