La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció ayer la detención de un segundo implicado en el homicidio del notario público Luis Miranda Cardoso, padre de quien fue secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el hoy diputado federal Luis Miranda Nava.

El anuncio sucede después de la muerte en prisión de un primer sospechoso por el crimen perpetrado el pasado 11 de agosto en Toluca. El día 17, la instancia de procuración de justicia mexiquense presentó al detenido como ex empleado de la víctima y planteó que el posible móvil del asesinato era el robo a casa-habitación.

Un día más tarde, el presunto asesino, identificado sólo como Arturo N, fue hallado muerto en su celda del penal de Santiaguito, y las autoridades manifestaron que se le encontró colgado con un pantalón atado a un barrote de la ventana. Cuatro días más tarde, sin embargo, la fiscalía mexiquense afirmó que el cuerpo del reo presentaba, entre otras lesiones, un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte, y dio por descartada la hipótesis del suicidio.

El asesinato en prisión del presunto culpable es un hecho indignante y alarmante, no sólo porque habla de la facilidad de perpetrar un homicidio en instalaciones que debieran estar sujetas al imperio de la autoridad y de la legalidad, sino porque indica de manera inequívoca, además, la existencia de un interés oculto de impedir el esclarecimiento de la muerte de Miranda Cardoso, y obliga a replantearse las líneas de investigación en torno al crimen original, el cual ya no resulta consistente con el esquema característico del robo a vivienda.

Lo cierto es que, ahora, las autoridades del estado de México tienen ante sí las tareas adicionales de explicar por qué tardaron tres días en rectificar sobre la causa del fallecimiento del primer sospechoso, de investigar los móviles de ese segundo crimen y de deslindar las responsabilidades en la cadena de mando del penal de Santiaguito, una obligación a la que ni siquiera han hecho referencia. Por añadidura, tienen que aplicarse a fondo en garantizar la seguridad del presunto implicado que fue detenido ayer.

En lo inmediato, el caso ha adquirido ya una turbiedad que recuerda de manera inevitable los exasperantes extravíos de la justicia mexiquense ante la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah, ocurrida en Huixquilucan hace poco más de una década, un episodio que fue formalmente resuelto con la explicación inverosímil de que la menor se enredó entre las sábanas, se asfixió en un hueco entre el colchón y la cama y su cuerpo permaneció durante 10 días allí sin que nadie se diera cuenta. Más allá de la imperiosa necesidad de esclarecer a fondo y en todas sus ramificaciones el asesinato de Miranda Cardoso, es imprescindible que las autoridades estatales y las federales avancen en el saneamiento de cárceles y reclusorios a fin de evitar que sigan siendo –como lo exhibe el asesinato de Arturo N– espacios de impunidad y ajenos al estado de derecho.