En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la necesidad de revisar los contratos leoninos mediante los cuales los dos gobiernos pasados beneficiaron al consorcio formado por Brasken (filial de Odebrecht) e Idesa, en detrimento de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que en los últimos tres años del sexenio anterior tuvo pérdidas por 6 mil 500 millones de pesos a consecuencia de los términos de tales contratos.

El acuerdo a largo plazo urdido por las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) estipula que Pemex debe suministrar a la planta privada Etileno XXI, ubicada en Nanchital, Veracruz, gas natural a precios 30 por ciento menores que las cotizaciones internacionales y absorber –para colmo– los costos de importación, transporte y separación. Por si algo faltara, el Ejecutivo federal decretó de manera paralela un incremento al impuesto a la importación de polietileno, con el fin de suprimir la competencia de Brasken-Idesa.

Para rematar, se incluyeron en el contrato cláusulas que penalizaban en forma severa a Pemex en caso de incumplimiento en el abasto de gas, a pesar de que no lo produce en cantidades suficientes para cubrir la demanda local y debe importar buena parte de ese energético, de modo que siete años después, ya en el sexenio peñista, Pemex perdía más de mil 700 millones de pesos y debía pagar penalizaciones por otros 2 mil 700 millones.

Como se informó en la edición de ayer, el primero de esos contratos fue firmado en 2010, en un entorno de rotunda opacidad: se reservó la información correspondiente y hasta el precio del etanol producido por la planta fue considerado confidencial. Dos días después de tomar posesión, Peña Nieto ratificó el contrato de suministro a Etileno XXI y sus colaboradores del área energética –empezando por Emilio Lozoya Austin, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016– se abstuvieron de denunciar los términos abiertamente rapaces del acuerdo con Brasken-Idesa.

Hay sobrados elementos, pues, para sustentar la denuncia presentada el 10 de agosto ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por una auténtica asociación para delinquir, una conspiración de Estado pa-ra beneficiar a un particular. Cierto es que de acuerdo con la información disponible, sólo una vasta colusión de funcionarios públicos de dos sexenios puede explicar la ruindad contra el erario que representan los contratos con Etileno XXI.

Este caso ejemplifica, con mayor certeza, que las aún inciertas pruebas que Emilio Lozoya debe presentar ante la Fiscalía General de la República en torno a los sobornos multimillonarios de Odebrecht, la corrupción que imperó en los dos sexenios pasados e, igual de significativo, apunta de manera directa a las responsabilidades de Calderón y de Peña Nieto en el saqueo a Pemex, proceso que afectó de gravedad al conjunto de las finanzas públicas y, por ende, a la economía nacional.

Como pidió ayer el Presidente, es obligado esclarecer y exponer a la sociedad el conjunto de las acciones gubernamentales que derivaron en este grave quebranto de la hacienda pública y, más allá de eso, resulta ineludible el ejercicio de la acción penal, no sólo para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten implicados, sino también para resarcir, hasta donde se pueda, la afectación económica provocada.

Debe considerarse, finalmente, que los sobornos de Odebrecht, la compra fraudulenta de Agronitrogenados y el caso de Etileno XXI –por mencionar sólo tres de los más sonados casos de corrupción en los últimos tramos del ciclo neoliberal– no son asuntos aislados, sino ejemplos de un patrón de conducta que se extendió en las más altas esferas institucionales y que dejó un daño profundo y severísimo al país.