Iván Restrepo

Sorprendió el nombramiento de don Alfonso Suárez del Real como titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Era responsable de la cultura y había enfrentado con relativo éxito los problemas que ocasiona la pandemia a un sector que no tiene suficiente apoyo de las instancias oficiales, pese a su importancia social. Para los habitantes de las colonias Roma, Hipódromo y Condesa, es buena noticia tener a Suárez del Real en tan importante cargo, pues abre la posibilidad de resolver los problemas que en ellas existen. En muy buena parte fruto de los intereses inmobiliarios y negocios que funcionan violando la legislación vigente; de las bandas criminales; la corrupción de servidores públicos; la descoordinación entre las instancias gubernamentales y la falta de una legislación adecuada.

Tanto en su breve estancia como delegado en Cuauhtémoc y luego como legislador, atendió las quejas de los vecinos. No siempre con buen resultado por causas ajenas a su voluntad. Ahora grupos vecinales de esas colonias esperan establecer con él un diálogo plural a fin de solucionar los problemas más urgentes. Uno de ellos es el del uso del suelo. Por corrupción, se han concedido licencias para construir edificios de departamentos, afectando el entorno vecinal y los servicios públicos, como el agua. Otro problema es el de los inmuebles que dañó el sismo de 2017. La administración citadina logra avances en reconstruir los que tienen remedio, pero muchos otros quedaron inservibles. Algunos fueron derribados y otros están en espera de serlo. Los edificios de departamentos y las casas contiguas a los inmuebles afectados por el sismo se venden o alquilan, pero nadie quiere vivir allí por el peligro que representan. Y los antiguos remodelados o están en construcción, o no tienen comprador por la crisis económica. Hoy las colonias que las últimas dos décadas atrajeron a tantos nuevos inquilinos y donde se establecieron los más diversos comercios,tienen por doquier letreros de se vende o se renta. Un fruto más de la falta de un ordenamiento territorial adecuado y la especulación del suelo urbano.

Un segundo problema es el ambulantaje. No el más grave, pero creció desmesuradamente por el desempleo. A los sitios tradicionales de venta de tortas, tamales, sopes, tacos, chilaquiles, atole, pan dulce y antojitos diversos, se sumaron los últimos meses más de 50 puestos callejeros. La mayoría traslada sus productos en bicicletas y triciclos adaptados para ofrecer sus productos. Otros lo hacen en viejos autos o camionetas. Los puestos callejeros funcionan especialmente durante el día. Algunos utilizan carbón para calentar sus guisos; otros gas y luz eléctrica que obtienen ilegalmente. No pagan impuestos ni observan las medidas de protección contra el Covid-19.

Los vecinos aceptan la presencia de estos ambulantes temporales ante la necesidad que tienen de obtener ingresos. En cambio, es unánime la opinión de remover los puestos fijos de lámina que han proliferado en los últimos años. Suman más de 50, no guardan las mínimas reglas de salubridad y perjudican a los negocios legalmente establecidos que los padecen a sus puertas. Una muestra de esa invasión es la remodelada avenida Insurgentes Sur, esquina con las calles de Chiapas, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Chilpancingo, Tlaxcala, Manzanillo, Tuxpan, Sonora, San Luis Potosí y Baja California. Otros 10 funcionan en Tabasco, Valladolid, Colima y Fernando Montes de Oca.

La negligencia y/o complicidad de las autoridades con este tipo de negocios fue evidente al intentar colocar uno de ellos en la avenida Alfonso Reyes, esquina con Ensenada. Lo evitaron los vecinos. Todo indica que esos puestos los controlan unas cuantas personas con apoyo de funcionarios de la ciudad.

Ahora el reto es reactivar la vida social, económica y el empleo en la Roma, Hipódromo y Condesa. Ya no son atractivas para comprar o alquilar un departamento pagando sumas elevadas. O establecer negocios si decenas cerraron y otros apenas logran subsistir. Por todo ello es necesario garantizar que sus habitantes y las actividades comerciales convivan en la mayor armonía posible con base en un andamiaje legal que evite la especulación y el uso indebido del suelo. También la corrupción. Una tarea que requiere la participación activa de los vecinos (muchos de ellos indiferentes ante lo que sucede) al lado de las instancias gubernamentales y el Poder Legislativo local.