Fabrizio Lorusso* /I

Desde hace cuatro años Guanajuato vive una oleada inédita de múltiples violencias. En 2018 y 2019 la entidad se ubicó en el primer lugar nacional por número de homicidios dolosos, siendo León, Celaya, Irapuato y Salamanca las ciudades más afectadas.

Tras la reducción del robo de combustible en enero del año pasado, los asesinatos siguieron al alza y los grupos criminales reorientaron sus giros hacia la extorsión y los préstamos gota a gota, trata de personas, robo y narcomenudeo.

La epidemia de violencia homicida se une a la violencia física y simbólica contra los cuerpos, desmembrados y esparcidos por docenas en espacios públicos, para sembrar el terror y paralizar a la sociedad. Los bloqueos incendiarios de carreteras y las matanzas masivas en clubes y anexos se multiplican, pero más lo hace el miedo. Aunque la fiscalía lo niegue, hay más de 100 fosas clandestinas en el estado, según fuentes hemerográficas.

En Guanajuato los patrones de impunidad se ligan a la omisión institucional y a posibles esquemas de complicidad, especialmente a la luz del repentino crecimiento del cártel Santa Rosa de Lima ( CSRL), grupo criminal con base en la homónima localidad del municipio de Villagrán que, desde 2009, se expandió ordeñando ductos de Pemex.

Seis años después la banda presumía ser un cártel. Publicó un video en que mostraba su potencia de fuego y estructura de tipo paramilitar para combatir al cártel Jalisco nueva generación (CJNG). Desde entonces los dos bandos protagonizan un conflicto armado y, en tiempos de pandemia, rivalizan en la entrega de despensas con sus logos para ganar apoyo popular, mientras en redes circulan los videos a la ciudadanía de José Yépez El Marro, líder del CSRL, amenazando a rivales, a la fiscalía y a la población. Según David Saucedo, experto en seguridad, incluso surgió un grupo criminal en León, el cártel Nueva Plaza, escisión del CJNG relacionada con el cártel de Sinaloa.

Esto ocurre bajo el reinado de Carlos Zamarripa, quien lleva 11 años como procurador estatal, hoy fiscal general, y seguirá hasta 2028, constituyendo un poder-sombra transexenal. Junto con Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública desde hace siete años, forman la dupla de funcionarios de seguridad más longevos en el cargo de México.

En la última década las ciudades del corredor industrial, con su cluster automotriz, la refinería de Salamanca y el hub logístico internacional del Puerto Interior, así como las explotaciones mineras y acuíferas del estado y las joyas turísticas de Guanajuato y San Miguel de Allende, se han convertido en polos atractivos para la inversión e inmigración extranjera, pero también en plazas codiciadas por criminales.

La región integra una plataforma productiva y exportadora, ofreciendo ventajas competitivas como bajo costo del trabajo, mano de obra flotante de migrantes, jornaleros y desplazados internos, control patronal de los sindicatos, conservadurismo ideológico, y un sistema de bienestar excluyente, lo cual hizo que, pese a un sostenido crecimiento económico, la entidad se volviera la segunda con mayor tasa de desigualdad del país, detrás de Nuevo León.

El polo industrial demanda enormes recursos naturales y humanos, genera flujos de personas y mercancías, así como riquezas ingentes que son apropiadas selectivamente por las capas sociales más poderosas, las élites político-burocráticas, sectores empresariales, altos directivos y poderes fácticos ilegales.

La pobreza persistente, cuyas tasas rozan 45 por ciento de la población en la última década, o sea más de 2.5 millones de personas, completa el panorama de la violencia estructural, quizás la menos mencionada pero más arraigada en la entidad.

También la militarización de la seguridad pública ha sido un probable factor de expansión de la violencia, como en otros estados en el pasado. A la fecha son 11 mil 471 los efectivos de Sedena, Semar y GN presentes en Guanajuato y significan 45 por ciento del total de las fuerzas de seguridad, siendo 3 mil 600 los policías estatales y 10 mil 191 los municipales.

La entidad se ha vuelto la más peligrosa para ser policía: el año pasado 73 fueron asesinados y este año van 51. Según la ONU, el estado tiene un déficit de 3 mil 777 policías civiles que está siendo llenado por los militares, cuyo envío desde la Federación aumentó a partir de 2016.

Aunque hay miles de casos, la desaparición de personas irrumpió en la agenda política y mediática hace seis meses, cuando colectivos de familiares como A Tu Encuentro, creado en Irapuato en noviembre pasado, y Justicia y Esperanza, que reúne las familias de 22 migrantes desaparecidos en 2011 rumbo a Estados Unidos, levantaron la voz, logrando detener la aprobación de la Ley de Búsqueda local y sentar a dialogar al gobernador Diego Sinhue y al fiscal general.

Simulación, ocultamiento de cifras, detenciones arbitrarias, apoyos selectivos y escasa coordinación han caracterizado la relación de las autoridades con las víctimas, otro aspecto de la violencia institucional que, pese a la asimetría de poder, despierta respuestas organizadas y nuevas formas de exigencia y resistencia en Guanajuato.