El fin de semana diversos medios divulgaron videos en los que, según se observa, decenas de integrantes de una unidad de élite del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG), vestidos con uniformes y arreos tácticos, exhibieron armas de alto poder, fusiles de asalto y transportes con blindaje artesanal. Uno de ellos, al parecer, era una exaltación del presunto cabecilla de la organización delictiva, Nemesio Oseguera, El Mencho; el otro, un mensaje de desafío al grupo rival conocido como cártel Santa Rosa de Lima.

Las videograbaciones generaron una intensa polémica. Algunos comentaristas no dudaron en calificar al grupo de ejército, e interpretaron su presentación como un desafío al Estado. Otros señalaron la improcedencia de establecer comparaciones entre los delincuentes y las fuerzas armadas, y algunos más señalaron que los videos estaban siendo utilizados para reposicionar el debate sobre la seguridad pública en la lógica militarista que imperó en el sexenio antepasado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no va a apartarse de la estrategia de seguridad pública formulada desde antes de que asumiera el cargo; reiteró que no incurrirá en una declaración de guerra contra la delincuencia, desestimó que pueda enfrentarse con éxito la violencia con más violencia y ratificó su decisión de hacer frente a los grupos delictivos con el uso de inteligencia policial y financiera y, sobre todo, con el combate a las causas sociales profundas de la criminalidad: la corrupción, la pobreza, el desempleo y el abandono de los jóvenes por parte de los gobiernos que le precedieron.

Le asiste la razón al mandatario en la defensa de las líneas generales de su programa de seguridad pues, como se demostró durante los 12 años previos a su gobierno, la utilización de medios militares para confrontar a las organizaciones delictivas no sólo no frenó la violencia en el país, sino que la exacerbó y la multiplicó. Sin embargo, cuando ha transcurrido más de año y medio del actual sexenio es claro que el programa referido no va a erradicar por sí mismo la presencia y la actuación de bandas como el CJNG y otras.

El problema a corto plazo es que tales grupos siguen operando y atentando día tras día contra la vida, la propiedad y la seguridad de las personas. Por otra parte, a pesar del empeño de la Cuarta Transformación en el combate a la corrupción, parece claro que las organizaciones criminales siguen beneficiándose de la protección o al menos de la inacción en algunos niveles de autoridad, sobre todo en las esferas estatales y municipales, en las cuales no resulta fácil aplicar estrategias anticorrupción emanadas del ámbito federal.

La Presidencia lopezobradorista confía, a lo que puede verse, en que sus medidas de inteligencia policial y financiera, de saneamiento institucional y de bienestar social, combinadas con el paulatino despliegue de la Guardia Nacional, bastarán para inducir la recuperación de la seguridad pública en las regiones más golpeadas por la descomposición y la delincuencia. Pero, sin desconocer que la crisis gestada en décadas no puede resolverse en meses, cabe preguntarse si no resultaría prudente y necesario ajustar la estrategia, no para cambiar su rumbo general, sino para agregarle un eslabón con el fin de contrarrestar en forma más inmediata la presencia y la acción de los grupos criminales.