Iván Restrepo

Los últimos 20 años, todos los reportes de los organismos internacionales que analizan los asuntos relacionados con el clima, mencionan que la sequía y la desertificación afectarán severamente a México. Igual afirman los centros de investigacion y los expertos más reconocidos del país, como Carlos Gay, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y agregan que por el cambio climático, la situación será más extrema y afectará a casi la mitad del territorio nacional. Especialmente al norte y centro del país, donde se ubican los núcleos urbanos más densamente poblados que, junto con la agricultura y la industria, son los que mayor requieren agua.

No se equivocaron los que a tiempo advirtieron del avance de la desertificación y la sequía. Los últimos 10 años dichos fenómenos se expandieron por el territorio nacional, afectando cosechas y falta de agua en las ciudades y el campo. Durante el sexenio de Felipe Calderón se reconoció que 19 estados padecían por falta del líquido, especialmente en la zona norte y el centro del país. De asesino silencioso, calificaron las autoridades en 2011 a la sequía al afectar a más de 2 millones de familias. Calderón sostuvo que en los registros de siete décadas no había datos de un año tan seco como ése, mientras la oposición calificó al mandatario de falta de sensibilidad por no atender adecuadamente el problema, lo cual llevó a la pérdida ese año de 80 por ciento de la producción de frijol y la mitad de la cosecha de maíz y trigo.

Durante el sexenio de Enrique Peña sucedió lo mismo: muchos estudios oficiales y académicos sobre la desertificación y la sequía y pocas acciones para revertir sus efectos. En lo que va del siglo, hemos perdido millones de hectáreas de bosques (fábricas naturales de agua) y la disponibilidad del líquido básico para la vida se ha reducido en 6 por ciento, mientras la demanda aumenta por el crecimiento poblacional.

En tanto, se hace mal uso del agua disponible en las áreas de riego y en los centros urbanos, además de que en muchos de ellos el servicio de llevarla a las viviendas está subsidiado, como en la Ciudad de México, lo que lleva a que no se utilice racionalmente. Y con el agravante de que mientras ciertas zonas la tienen en abundancia y la desperdician, en otras, como Iztapalapa, escasea en extremo y, cuando la hay, es de mala calidad.

En otros casos, el agua se concesiona ventajosamente a trasnacionales culpables de que tengamos altos índices de obesidad y diabetes. Uno muy comentado recientemente es el de la Coca-Cola Femsa en su planta de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dispone de suficiente líquido para elaborar sus bebidas que atentan contra la salud, mientras la población carece de él. Agreguemos la afectación económica en las familias mexicanas, que emplean 10 por ciento de sus ingresos en la adquisición de refrescos elaborados con agua propiedad de la nación.

Otro ejemplo reciente se tiene en Baja California. El actual gobernador comenzó hace un mes el combate contra las empresas que llamó aguachicoleras, con altas deudas por el servicio que reciben y gozaron durante lustros de impunidad, como el consorcio que tiene bajo conesión el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Debía 32.5 millones de pesos. Ya pagó pero debe construir una planta para el tratamiento de las aguas negras, pues van a dar a Imperial Beach, California.

Un negocio trasnacional, KenMex, en Mexicali, adeudaba 34 millones al organismo operador del agua. Ya pagó. Otras 85 empresas tienen adeudos y serán obligados a saldarlos. En Tijuana se detectaron 634 empresas aguachicoleras. Deben casi mil 500 millones de pesos y ya se recuperó más de una tercera parte de ese monto. Una de ellas es el Hipódromo Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank. Tiene concesión para sacar líquido de tres pozos y por descargas residuales adeuda más de 36 millones de pesos. Agreguemos, con adeudos millonarios, a Home Depot, Pepsico, hoteles diversos, Unitech Foam, Parque Industrial Girasoles, Springs Windows Fashions, Inmobiliaria Flecha Amarilla y Kamimex.

Con adeudos millonarios hay también poderosas empresas en otras entidades. Han gozado de protección de funcionarios corruptos de diverso nivel. La actual administración prometió programas para garantizar el uso racional del agua. Es hora de hacerlos realidad.