Luis Hernández Navarro

San Mateo del Mar está de luto. El pasado domingo 21 de junio, un grupo criminal segó la vida de 17 habitantes, incluidas dos mujeres, reunidos en la agencia municipal de Huazantlán del Río para efectuar una asamblea. Los matones encapuchados los emboscaron a la altura de la colonia Reforma, usando machetes, gasolina, palos, piedras y armas de fuego. No contentos con la agresión, calcinaron a varias de sus víctimas. Pese a que la gente llamó a la Guardia Nacional y ésta llegó, se retiró cuando comenzó el ataque.

No es la primera arremetida violenta que los defensores de la asamblea sufren. Apenas el 3 de mayo fue asesinado Filemón Villalobos, agente municipal suplente de Huazantlán, sin que el crimen fuera esclarecido ni se haya hecho justicia.

San Mateo del Mar es un municipio ikoot (huave) de alta marginación, en que viven 15 mil habitantes (6 mil de ellos en la cabecera municipal), rodeado de lagunas y mares. Está ubicado en una estrecha barra que separa la Laguna Inferior del Golfo de Tehuantepec, con un solo camino de terracería como vía de comunicación. Entre octubre y marzo fuertes vientos azotan la región en todo el municipio. La mayoría de su población se dedica a la pesca (https://bit.ly/31oPLfW).

El municipio ha sufrido conflictos agrarios desde hace más de 60 años. A lo largo de la década anterior se acentuaron. Grandes compañías eólicas pretenden adueñarse de ese territorio. A diferencia de otras comunidades, en 2008 San Mateo rechazó la instalación de aerogeneradores, que individualizan la posesión de la tierra. Se opuso a la entrada del megaproyecto eólico Preneal. Y, junto a San Dionisio, impulsó la expulsión de Mareña Renovables, que pretendía instalar más de 100 molinos eólicos en la ecológicamente frágil Barra de Santa Teresa, territorio sagrado ikoot (https://bit.ly/31o1yva.

Desde 2017 San Mateo padece un conflicto político electoral que amenaza su sistema normativo interno. El núcleo de pobladores que encabeza la resistencia caracteriza la agresión que sufren como una guerra contra el pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones, la asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas.

Hasta ese año, se elegía a las autoridades municipales por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Sin embargo, a partir de entonces, como resultado de la presión de un ciudadano que demandó su derecho a ser elegido autoridad a pesar de no haber servido en el sistema de cargos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) ordenó realizar comicios por planillas. Con apoyo empresarial se impuso un candidato por medio de un enorme fraude electoral contra la asamblea, comprando votos. Sin embargo, el presidente municipal espurio no pudo portar el bastón de mando, ni despachar en la alcaldía, aunque dispuso de las partidas presupuestales.

En 2019, los poderes fácticos encabezados por el empresario Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, repitieron el fraude. Ya en la administración se despacharon en grande con los contratos de obra pública y la administración de fondos municipales. Al igual que su antecesor, Bernardino Ponce, el nuevo alcalde, tampoco puede atender las responsabilidades de su cargo en el palacio municipal.

Según denuncian víctimas de la agresión, entre otros, forman parte del grupo de poder embarcado en la guerra contra la asamblea, el constructor Camerino Dávalos, Sofía Castro Ríos. Anabel Sánchez Hernández, Emanuel Bustillo (comandante del Frente Único de Agencias) y Roberto Rueda Velázquez.

Adicionalmente, la delincuencia organizada ha sentado sus reales en algunas agencias municipales. Comenzaron sus actividades con el robo de cable de cobre del tendido de alta tensión, en Santa Cruz. Los malosos locales son una isla de un archipiélago criminal más amplio, que se estableció y expandió en Juchitán y Salina Cruz con la llegada de Gabino Cué a la gubernatura de Oaxaca. Drogas, secuestros, piratería, tráfico de migrantes, extorsión son algunos de los negocios a los que se dedican.

El 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un diagnóstico sobre el origen de la masacre. “Es –dijo– una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades. Suele pasar que en los ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias.”

Sin embargo, en este caso la naturaleza del conflicto es diferente. Los agredidos, además de pertenecer a la cabecera municipal, representan también a otras agencias. La matanza es parte de la ofensiva de los poderes fácticos regionales, funcionales a la industria eólica, para desmantelar o debilitar a los núcleos organizados que se oponen a los megaproyectos y articulan la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su cosmovisión, y que han avanzado en una alianza con su vecina Santa María. El asunto se agrava por la construcción del corredor interoceánico.

La masacre de San Mateo del Mar no debe quedar impune. Urge brindar medidas cautelares a la comunidad. El duelo mareño debe encontrar verdad, justicia y reparación del daño.