Gilberto López Y Rivas

Operadores mentales de planes insignias del actual gobierno, como el Tren Maya, recurren a la falacia de considerar que los opositores a los megaproyectos caracterizana los territorios ancestrales como un bucólico paraíso de selvas pletóricas de animalitos, donde habitan esencializadas comunidades campesinas que reproducen mecánicamente su cultura y sus modos de vida. Nada más lejos de la verdad. Ni los pueblos originarios, incluidos los que integran el Congreso Nacional Indígena, ni las diversas agrupaciones de la sociedad civil y la academia que acompañan sus procesos de resistencia, han sido omisos en denunciar la recolonización neoliberal por parte de corporaciones mineras, turísticas, eólicas, refresqueras, cerveceras, farmacéuticas, ni la invasión de la delincuencia organizada en su búsqueda insaciable de mercancías y fuerza de trabajo.

Esta realidad, intrínseca al extractivismo desarrollista, no ha cambiado con el actual gobierno. De hecho, la guerra contra los pueblos se ha intensificado, a la par de la violencia delincuencial que no cesa ni con la pandemia, como no se detiene el proceso de militarización, hoy bien financiado sin austeridades republicanas y la participación del Ejército en “misiones“ que van desde construcción y administración de aeropuertos, sucursales bancarias, tramos del Tren Maya, hasta, ver para creer, la intervención de militares en excavaciones arqueológicas y paleontológicas, permitida por la dirección del INAH, a pesar de que, por ley, son atribuciones exclusivas de una institución gravemente amenazada por un recorte de 75 por ciento de su presupuesto, también sin objeción firme alguna de sus funcionarios, pues la salvaguarda del patrimonio cultural, sus labores de investigación y sus prestigiadas escuelas formadoras de connotados científicos sociales no son prioritarias ni esenciales para la 4T.

Pero hay quehaceres incluso en esta respetable institución, ya octogenaria, que continúan aún en las inciertas condiciones actuales del país, y entre ellas figuran las asesorías antropológicas de disuasión social, esto es, de convencimiento de poblaciones y, si es preciso, de cooptación de voluntades comunitarias mediante programas clientelares individualizados, promesas de empleos y consultas a modo, y de justificación de esos megaproyectos en programas mediáticos oficiales, artículos periodísticos y lo que vaya saliendo, en el camino de lo que bien se conoce como ingeniería de conflictos.

Como la cuña tiene que ser del mismo palo, dado que un número considerable de los y las investigadoras del INAH no están de acuerdo con los megaproyectos, como se constata en los innumerables documentos de los abajo firmantes, estudios, peritajes, conversatorios y demandas de amparo, pues qué mejor que un antropólogo o antropóloga haga el trabajo de cuestionar la legitimidad y representatividad de las organizaciones opositoras en las regiones afectadas.

Esta situación remite de nuevo al debate sobre la antropología que, como toda ciencia social, puede convertirse o en un instrumento de dominación al servicio del Estado y las corporaciones, siguiendo la lógica del poder o, desde la perspectiva opuesta de l a lógica de la resistencia, como herramienta liberadora de sujetos que luchan contra el despojo y por la vida, ideologías aparte. Partimos de la idea de que el antropólogo, el científico social son antes que nada intelectuales, en su sentido esencial de individuos, con capacidad crítica o de Antropología de la disuación social

Operadores mentales de planes insignias del actual gobierno, como el Tren Maya, recurren a la falacia de considerar que los opositores a los megaproyectos caracterizana los territorios ancestrales como un bucólico paraíso de selvas pletóricas de animalitos, donde habitan esencializadas comunidades campesinas que reproducen mecánicamente su cultura y sus modos de vida. Nada más lejos de la verdad. Ni los pueblos originarios, incluidos los que integran el Congreso Nacional Indígena, ni las diversas agrupaciones de la sociedad civil y la academia que acompañan sus procesos de resistencia, han sido omisos en denunciar la recolonización neoliberal por parte de corporaciones mineras, turísticas, eólicas, refresqueras, cerveceras, farmacéuticas, ni la invasión de la delincuencia organizada en su búsqueda insaciable de mercancías y fuerza de trabajo.

Esta realidad, intrínseca al extractivismo desarrollista, no ha cambiado con el actual gobierno. De hecho, la guerra contra los pueblos se ha intensificado, a la par de la violencia delincuencial que no cesa ni con la pandemia, como no se detiene el proceso de militarización, hoy bien financiado sin austeridades republicanas y la participación del Ejército en “misiones“ que van desde construcción y administración de aeropuertos, sucursales bancarias, tramos del Tren Maya, hasta, ver para creer, la intervención de militares en excavaciones arqueológicas y paleontológicas, permitida por la dirección del INAH, a pesar de que, por ley, son atribuciones exclusivas de una institución gravemente amenazada por un recorte de 75 por ciento de su presupuesto, también sin objeción firme alguna de sus funcionarios, pues la salvaguarda del patrimonio cultural, sus labores de investigación y sus prestigiadas escuelas formadoras de connotados científicos sociales no son prioritarias ni esenciales para la 4T.

Pero hay quehaceres incluso en esta respetable institución, ya octogenaria, que continúan aún en las inciertas condiciones actuales del país, y entre ellas figuran las asesorías antropológicas de disuasión social, esto es, de convencimiento de poblaciones y, si es preciso, de cooptación de voluntades comunitarias mediante programas clientelares individualizados, promesas de empleos y consultas a modo, y de justificación de esos megaproyectos en programas mediáticos oficiales, artículos periodísticos y lo que vaya saliendo, en el camino de lo que bien se conoce como ingeniería de conflictos.

Como la cuña tiene que ser del mismo palo, dado que un número considerable de los y las investigadoras del INAH no están de acuerdo con los megaproyectos, como se constata en los innumerables documentos de los abajo firmantes, estudios, peritajes, conversatorios y demandas de amparo, pues qué mejor que un antropólogo o antropóloga haga el trabajo de cuestionar la legitimidad y representatividad de las organizaciones opositoras en las regiones afectadas.

Esta situación remite de nuevo al debate sobre la antropología que, como toda ciencia social, puede convertirse o en un instrumento de dominación al servicio del Estado y las corporaciones, siguiendo la lógica del poder o, desde la perspectiva opuesta de l a lógica de la resistencia, como herramienta liberadora de sujetos que luchan contra el despojo y por la vida, ideologías aparte. Partimos de la idea de que el antropólogo, el científico social son antes que nada intelectuales, en su sentido esencial de individuos, con capacidad crítica o de