El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, compareció ayer ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para explicar el manejo oficial de la emergencia sanitaria en curso. Durante cuatro horas el funcionario detalló a los legisladores las acciones del gobierno federal desde febrero, descartó que existan discordias entre autoridades nacionales y estatales y respondió a los cuestionamientos –no pocos de ellos expresados en términos francamente groseros– de los diputados de oposición. Además de la insistencia en el carácter presuntamente errático de la actuación oficial y en el supuesto ocultamiento de cifras, dichas críticas se dirigieron al significativo salto en la cantidad de muertes diarias confirmadas de Covid-19 a dos días de que arrancara la nueva normalidad.

Como lo señaló el propio López-Gatell, los legisladores reproducen en sus descalificaciones y verdades distorsionadas la campaña desinformativa que llevan a cabo diversos medios de comunicación. Por ejemplo, las cifras de muertes diarias tienen un alto grado de variabilidad porque se refieren a un fenómeno en curso que se mide de la manera más próxima posible al tiempo real, pero sin alcanzar nunca este nivel de precisión; la cifra informada cada día no refleja el número total de muertes ocurridas durante la jornada anterior, sino los reportes de muertes recibidos y procesados hasta el último corte informativo. Esta práctica es compartida por México con el resto de los países que hacen frente a la pandemia y, lejos de mantenerla oculta, las autoridades de salud la han explicado en varias veces en su comparecencia diaria.

Asimismo, debe desmontarse el discurso alarmista urdido en torno a la tasa de letalidad del Covid-19 entre la población mexicana. Tal indicador, que da cuenta del porcentaje de personas contagiadas que mueren a causa de la enfermedad transmitida por el virus, es en México superior a 11 por ciento, dato que se ha presentado de manera tendenciosa como un desastre humanitario al omitir el hecho conocido de que los contagios confirmados de ninguna manera representan el total real, dato que ningún gobierno puede precisar debido a la imposibilidad material de registrar los casos a la misma velocidad con que se propaga la pandemia.

Sobre el desabasto de insumos médicos, y en especial a la carencia de equipos de protección personal (EPP) suficientes y adecuados, cabe señalar que éstos llegan de manera constante a los centros de salud y que si no son distribuidos oportunamente entre el personal hospitalario no queda sino presumir que se debe a actos de corrupción. Esta corrupción es triplemente perversa, pues supone una apropiación delictuosa de bienes públicos, desprotege a quienes se encuentran en la primera línea de combate contra el coronavirus y da pábulo al discurso de las descalificaciones y el golpeteo político. Es necesario y urgente que el personal sanitario afectado por estas desviaciones de insumos médicos curse las denuncias correspondientes ante las autoridades con la finalidad de frenar un fenómeno execrable que pone en riesgo su salud y la de toda la nación.

En suma, es necesario deslindar el debate científico sobre las estrategias idóneas para encarar la crisis –debate que resulta saludable e incluso indispensable– del afán de instrumentar la trágica pandemia mundial con propósitos políticos, que es lo que se encuentra malamente velado en los ataques partidistas y mediáticos en contra de López-Gatell. En efecto, sólo el golpeteo político y la búsqueda de réditos electorales podrían explicar que se acuse de ocultar información a un equipo de funcionarios que durante los pasados tres meses ha encabezado el mayor ejercicio de transparencia gubernamental en la historia de México al poner directa y diariamente a disposición de la sociedad la información que el gobierno recibe y procesa.

Esta campaña de descalificaciones –que no es, por cierto, exclusiva de México, pues se repite en España y en Argentina con lemas y consignas muy similares– es tremendamente irresponsable en tanto se encuentra dirigida a crear confusión y erosionar la credibilidad del principal instrumento con que cuentan el Estado y la sociedad mexicana para enfren-tar la emergencia sanitaria, y que no es otro que la información y la orientación a la ciudadanía; sabotearlo implica apostar por una mayor pérdida de vidas y a unas consecuencias económicas más profundas de las que ya se encaran.